Por Guadalupe Lizárraga
LOS ÁNGELES.- “Querían que dijera que la
señora Marisela y yo trabajábamos para el cártel de Sinaloa, que éramos
gente del Chapo Guzmán”, denuncia en su testimonio, Manuel García, quien
ayudaba voluntariamente a la asesinada Marisela Escobedo mientras ella
exigía justicia a las autoridades de Chihuahua por el crimen de su hija
Rubí Marisol Frayre. El testimonio de García revela amenazas de muerte y
la intención fabricar pruebas por parte de la fiscal Rosa María
Sandoval Chávez, de la Unidad Especializada en Control, Análisis y
Evaluación de la Fiscalía del Estado de Chihuahua.
Una semana después del asesinato de
Marisela Escobedo perpetrado el 16 de diciembre de 2010, a través del
“comandante Santacruz”, la fiscal Rosa María Sandoval, intimidaba a
Manuel García para que cambiara su declaración ante el Ministerio
Público e incriminara a Marisela Escobedo y a sí mismo, como miembros
del cártel de Joaquín “Chapo” Guzmán. La relación la podrían fabricar, a
raíz de una narcomanta aparecida la madrugada del 21 de diciembre, en
Ciudad Juárez, de la supuesta autoría de este cártel en la que se
solidarizaban con los familiares de Escobedo, y pedían información sobre
Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino confeso de Rubí Marisol.
La negativa de García a “manchar la
memoria de Marisela Escobedo” fue el motivo de la amenaza de muerte y la
retirada de la protección policíaca, según confiesa. Si aceptaba
cambiar su declaración, “la fiscal lo podía mandar hasta China, si
quería”, dice en su testimonio, porque el comandante le insistía en que
“la fiscal lo podía ayudar y darle protección, si también él la ayudaba a
ella”. Fue cuando un agente de la Policía Ministerial, lo amenazó de
enviarlo a “Monterrey, a Puebla o a Guadalajara, y en esos lugares,
nadie lo iba a proteger”.
García tuvo que salir de Ciudad Juárez
por sus propios medios para salvar su vida y con la orientación jurídica
de dos organismos de derechos humanos locales que guardamos su
identidad por seguridad a sus miembros. Primero, fue a Torreón buscando
refugio, de donde llamó a Norma Ledezma, de la organización Justicia
para nuestras hijas, pidiendo ayuda. Ledezma respondió que sólo podía
enviarle mil pesos para “rentar un lugar y comer”, pero que ya no lo
podía ayudar más.
Después de varios meses, la esperanza de
encontrar un apoyo más sólido volvió a Manuel García. El 9 de junio de
2011, la marcha ciudadana de Javier Sicilia, activista por la muerte de
su hijo, tenía lugar en Ciudad Juárez. Manuel sabía de la lucha de
Sicilia, por lo que comentaba Marisela Escobedo. Sin embargo, su
esperanza no logró concretarse en apoyo, porque “en medio de tanta
gente, no había posibilidades de contarle mi problema”, dice.
Con la ayuda de los organismos de
derechos humanos locales pudo viajar a Ciudad de México y mantenerse
bajo protección. Pero el acoso no cesaba, y pese a que varias veces le
ayudaron a cambiar su número de celular, la Policía Ministerial de
Chihuahua volvió a llamarle, intimidándolo para que aceptara involucrar a
Marisela Escobedo con el narcotráfico.
Manuel García afirma que junto con
Marisela Escobedo, antes de ser asesinada, y el hermano de ella,
entregaron toda la información investigada a la fiscal Rosa María
Sandoval Chávez, incluyendo un CD con tres canciones grabadas por el
asesino Sergio Rafael Barraza. La letra de estas canciones narraba cómo
había asesinado a Rubí Marisol, “y todo lo que le había hecho”, afirmó
García, quien él mismo llegó a escucharlas. Pero a la fiscal Sandoval,
eso no le interesó, ni la nueva evidencia ni la investigación que
Escobedo realizaba con sus propios esfuerzos. Así que, frente al
comandante mencionado, según el testimonio, decidió destruir el CD,
junto con otras dos copias.
La investigación de las ahora víctimas
también incluía evidencias de que el asesino Sergio Rafael Barraza se
encontraba en Fresnillo, Zacatecas; y precisaron, ante la fiscal, el
domicilio. La información fue desestimada de inmediato por Sandoval,
porque dijo que ella estaba en comunicación con la madre de Barraza, y
le había dicho que su hijo se encontraba en Estados Unidos.
El 22 de agosto de 2011, la funcionaria
de la fiscalía responsable de investigar los feminicidios insistió
todavía en crear falsas pistas de investigación en el caso de Marisela
Escobedo. Declaró a la prensa mexicana, a través de un comunicado
conjunto con el Instituto Chihuahuense de la Mujer, dirigido por Emma
Saldaña, que algunos de los casos “podrían estar relacionados con el
crimen organizado”.
En aquel momento, enfatizó Sandoval que
“el modus operandi con que se perpetraron algunos feminicidios, como el
uso de armas de grueso calibre, tortura y mensajes de grupos
criminales”, podrían ser evidencias de esta relación. Y con una
afirmación contundente, que hoy podríamos interpretar como demagógica,
concluyó la funcionaria que "la Fiscalía está investigando esos y todos
los casos de homicidios de mujeres para esclarecer las causas, así como
detener y procesar a los responsables".
Testimonio de Manuel García
0.6999295218560906
0.7201450778422797
0.7629018196829587
Otros testimonios
La responsable legal de uno de los
organismos de derechos humanos de Ciudad Juárez que apoyó a Manuel
García confirmó a Los Ángeles Press que sí tenía conocimiento de las
amenazas directas por parte de la fiscal al joven. “Un muchacho muy
humilde, que necesitaba mucha ayuda y nadie lo escuchaba”, dijo, por lo
que se decidió solicitar el apoyo de otra organización y actuar con
rapidez para salvar la vida de García, enviándolo a la Ciudad de México.
Al entrevistarlo sobre el hostigamiento
del que era víctima, García confesó a la responsable de esta
organización de la que nos reservamos su identidad, “que querían que
dijera que Marisela Escobedo traficaba droga, y que si testificaba le
conseguirían asilo en Estados Unidos”.
Sostiene la defensora de derechos humanos
que el mayor acoso que recibió Manuel García en Ciudad Juárez fue entre
abril y mayo de 2011, que fue cuando ella intervino con su gestión para
poder sacarlo de la ciudad. Pero también confirmó que este acoso
continuó en la Ciudad de México, por lo que tuvieron que sacarlo del
país. Concluye que “Manuel sí había dado a las autoridades de la
fiscalía la ubicación precisa del asesino de Rubí Marisol, y las
autoridades, en todo este tiempo, no lo han detenido”.
Las irregularidades y delitos de la fiscalía 
En la reunión con las madres de
desaparecidas en las instalaciones de la fiscalía el pasado 12 de
diciembre, Rosa María Sandoval Chávez aceptó públicamente el
encubrimiento de información por negligencia de las autoridades, y dijo
que se debía a que eran “funcionarios nuevos”. Este encubrimiento se
refería a los cadáveres retenidos por años en la morgue.
Sin embargo, no son pocas ni aisladas las
irregularidades y delitos en los que ha incurrido la fiscalía del
estado sobre los crímenes de niñas y jóvenes. La más frecuente es la de
“perder” declaraciones para quitar líneas de investigación. Incluso se
han perdido partes importantes de expedientes o no se entregan las
copias completas a las madres de las víctimas.
También existe como excusa “la falta de
tiempo” por parte de la fiscalía para analizar cada uno de los
expedientes o para tomar declaraciones de personas que están dispuestas a
aportar información valiosa para las investigaciones. Un ejemplo de
ello, es el caso de Adriana Sarmiento Enríquez, desaparecida el 18 de
enero de 2008. El responsable de la Unidad de Personas Extraviadas y
Ausentes, Ricardo Esparza Jurado, solicitó el 10 de noviembre de 2009 a
la agente del Ministerio Público, Edith Acevedo Martínez, una constancia
sobre la existencia de algún reporte de desaparecida que coincidiera
con las características físicas que aportaba el informe forense en este
caso.
El expediente de Sarmiento dice
textualmente “que Edith Acevedo contesta poco después que no se ha
encontrado ningún reporte con esas características”, y la fecha es del
12 de noviembre de 2009. Adriana Sarmiento fue asesinada, según el
análisis forense, en noviembre de 2008, y según la fiscalía encontró el
cuerpo el 5 de noviembre de 2009, mismo día en que se llevaría a la
morgue de Juárez.
La desaparición de la joven Sarmiento fue
publicado profusamente mediante pesquisas y medios digitales que se
pueden constatar haciendo una simple búsqueda en Internet y dará los
resultados por fechas. El reporte lo había puesto su madre Ernestina
Enríquez desde el mismo día en que no volvió a casa. No había manera de
no saber sobre su ausencia, y sin embargo, la agente Acevedo Martínez
negó la existencia del reporte de la desaparecida al funcionario que lo
solicitaba.
En este mismo caso de Sarmiento, fueron
entregados los restos a la madre el primero de diciembre de 2011,
después de que se enterara por nuestro medio que el cadáver de su hija
estaba en la morgue por años. La misma fiscal, Rosa María Sandoval,
todavía negó la información a la madre hasta que a la noche del día
siguiente se vio obligada a entregar el cuerpo. Ernestina Enríquez
declaró destrozada que “en el celular de su hija aparecieron unos
números de México y que hasta allá fueron a buscarla, haciéndose
pendejos”, porque a su hija ya la tenían en la morgue.
El caso de Brenda Berenice Castillo,
desaparecida el 6 de enero de 2009, es contundente también en
irregularidades y falta de profesionalismo y ética por parte de la
fiscalía del estado. Cuando recién desapareció Brenda de 17 años, Irma
Cornejo fue testigo visual y habló por teléfono a la fiscalía para
avisar que había visto a la joven en el centro de Juárez, con dos
hombres, y que ella iba golpeada y llorando. Pero no fue tomada su
declaración en ese momento, y tiempo después, en marzo de 2009, el
perito José Fernando Chávez solicitó, a través de oficio por escrito, a
la funcionaria del Ministerio Público, Haydeé Guzmán, la elaboración de
los retratos hablados de los presuntos agresores con la declaración de
la testigo.
Los dos retratos se realizaron con el
número de oficio PGJE-UEIPAE-CDJ-646/2009 y se tomó oficialmente la
declaración de la testigo. Sin embargo, para principios de septiembre de
2011 que Los Ángeles Press investigaba este caso, buscó la declaración
de Irma Cornejo en la Unidad de de Desaparecidas para cotejarla con la
información de nuevas pistas de la víctima. A dos años y medio, ya no
existía ninguna declaración de la testigo Irma Cornejo. Incluso, las
autoridades confirmaron que esa parte del expediente “se había perdido”.
La omisión, la fabricación o la
destrucción de evidencias han sido los delitos más frecuentes en las
investigaciones sobre feminicidios por parte de los funcionarios de la
fiscalía. Como lo hizo la fiscal Rosa María Sandoval con el CD de las
canciones del asesino de Marisela Escobedo y su hija. Así también han
desaparecido o ignorado varias de las declaraciones de algunas madres de
víctimas que han recibido llamadas telefónicas presuntamente de sus
hijas, y al aportar números y referencias, en declaraciones ante el
Ministerio Público, la fiscalía no da seguimiento a los hechos.
El cambio de competencias entre las
dependencias gubernamentales también parecería ser un juego sucio para
frenar las investigaciones y no sólo en casos recientes. El caso de
Silvia Arce, desaparecida el 11 de marzo de 1998, ha sido ignorado por
mucho tiempo, y se ha pasado de la Procuraduría General de la República a
la Fiscalía del Estado, quedando paralizado por completo.
La fiscalía de Estado de Chihuahua
también ha sido acusada de la fabricación de culpables, como da cuenta
el testimonio de Manuel García sobre la fiscal Rosa María Sandoval.
Muchos de los casos aparentemente resueltos contienen denuncias de
tortura y errores judiciales, a los que difícilmente se puede tener
acceso informativo, por las constantes amenazas de muerte y hostilidades
a los investigadores. Amenazas que se han extendido a la responsable de
esta investigación.
Los familiares de las desaparecidas
también son amenazados de muerte y algunas de estas amenazas las han
intentado cumplir, según pone en evidencia el reciente atentado de Norma
Andrade, madre de Liliana Alejandra García, asesinada a sus 17 años en
febrero de 2001. Hay otros casos que aún pueden ser contados por los
dueños de estas experiencias, por ejemplo, el caso de Nora Sarahí
Castillo, quien buscaba con insistencia a su hermana Brenda Berenice, y
en marzo de 2009, Nora fue amenazada telefónicamente por una voz
masculina que le dijo “cuídate, porque ya sé dónde vives”. Pese a que
puso la denuncia ante el Ministerio Público, en la que declaró tener
miedo por su vida, no le dieron seguimiento. Y Nora dejó de buscar a
Brenda.
Las amenazas a Manuel García para que
incriminara a Marisela Escobedo como narcotraficante, es sólo una parte
de la gran madeja de corrupción, ineptitud e indiferencia de las
autoridades investigadoras en los feminicidios de Juárez. Las madres
están solas. Los márgenes de actuación de los defensores de derechos
humanos están limitados por la hostilidad del poder. Y las
desaparecidas, aún vivas, tienen muy pocas esperanzas de volver a casa.
Esta reportaje forma parte de la investigación Mujeres guardadas en la morgue, y se autoriza su reproducción citando debidamente su fuente.También te puede interesar:
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