Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad responsabilizó hoy al presidente Felipe Calderón y al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, de la muerte del activista Nepomuceno Moreno al negarle protección cuando éste se los pidió.
El movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia demandó también a las autoridades de Sonora que se no criminalice a su compañero, quien estuvo cuatro años preso al estar involucrado en un enfrentamiento con la policía sonorense, delito del cual, por cierto, fue absuelto.
En conferencia de prensa, Pietro Ameglio, miembro del Movimiento de Paz criticó duramente al presidente Calderón por no brindarle la seguridad requerida a Moreno, a pesar de que se comprometió a ello.
Recordó que en el más reciente diálogo de Chapultepec, realizado el pasado 14 de octubre, el titular del Ejecutivo federal se comprometió a darle seguridad a Nepomuceno luego de que el activista sonorense le comunicó que estaba siendo amenazado por investigar a policías de Sonora como responsables de la desaparición de su hijo Mario, ocurrida el 1 de julio del 2010.
También criticó al gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés, y a su procurador general de Justicia, Abel Murrieta Gutiérrez, porque pretenden criminalizar a Nepomuceno: “Les demandamos que dejen de criminalizar a la víctima y lleven acabo las investigaciones pertinentes para que presenten a los culpables del asesinato de Nepomuceno y a los secuestradores de su hijo”, exigió Ameglio.
Este reclamo se debió a que el vocero de la Procuraduría de Sonora, José Larriñaga Talamantes, cuestionó el pasado del activista, al recordar que estuvo preso de 2005 a 2009 acusado de portación de arma de fuego en el caso de un homicidio de un guardia de seguridad en Sonora, sin señalar que Moreno fue absuelto.
El funcionario sonorense también dijo en Hermosillo, que dentro de las investigaciones del asesinato de Nepomuceno Moreno estaba la línea del narcotráfico, ya que fue sentenciado en Estados Unidos en 1979 por tráfico de heroína, y en 1997 denunció ser víctima de secuestro por parte de los hermanos Ambrosio y Ramón Vázquez Villagrana.
Los hermanos Vázquez Villagrana se separaron del cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y crearon su propia organización, el cártel de Sonora. José, el mayor, conocido como El Jabalí, fungió como jefe del grupo.
Las declaraciones del vocero ocasionaron la molestia de los integrantes del movimiento de paz, quienes calificaron de “vergonzosas” y “despreciables” las tácticas gubernamentales de criminalizar a las familias de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico que piden justicia.
“No era ningún delincuente, al gobierno del estado de Sonora, exigimos el esclarecimiento del homicidio y la consignación de los responsables, así como la implementación de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los familiares de Nepomuceno”, demandó Pietro Ameglio.
Al igual que el poeta Javier Sicilia, dijo que si el gobernador de Sonora y su procurador no son capaces de dar seguridad a sus ciudadanos, que renuncien.
“Si no son capaces de asegurar la vida de los ciudadanos ni de ponerse de parte de las víctimas que les reclaman el cumplimiento de sus funciones, los emplazamos a presentar inmediatamente su renuncia”, exigió Ameglio, encargado de la Comisión de Víctimas del movimiento de paz.
Anunció que el movimiento les dará un seguimiento a las investigaciones de este caso hasta que se aclare; y sostuvo que este crimen no menguará la lucha por justicia, paz y dignidad.
En este sentido también se manifestaron Julia Alonso y Araceli Rodríguez, madres de asesinados o desaparecidos en Nuevo León y Michoacán, respectivamente.
“Nosotras estamos haciendo lo que las autoridades no hacen: investigamos y arriesgamos nuestras vidas”, dijo Julia Alonso, cuyo hijo Julio Alberto desapareció en 2008 en Monterrey.
Mientras tanto, en Hermosillo, en víspera de una entrevista con el gobernador, Emilio Álvarez Icaza criticó las declaraciones del vocero de la procuraduría estatal, José Larrinaga Talamantes, quien afirmó que la delincuencia organizada s la principal línea de investigación en el caso Nepomuceno Moreno y de la desaparición de su hijo Jorge Mario, ocurrida en 2010.
El vocero también negó que haya habido una solicitud de protección por parte del occiso y de su familia. Tampoco, dijo, hay una denuncia en contra de algún representante de la policía estatal.
“No actúan y ahora sí son muy prestos para intentar descalificar a la víctima como si eso legitimara la comisión de delitos. Me parece vergonzoso. El caso es profundamente indignante”, manifestó Álvarez Icaza, quien viajó a Sonora para entrevistarse con el gobernador.
El exombudsman del Distrito Federal acompañó a la familia Moreno que decidió llevar el cuerpo al municipio de Santa Ana — a 170 kilómetros al norte de Hermosillo–, donde será sepultado esta tarde.
De acuerdo con información local, el vocero del gobierno de Sonora, Jorge Morales Borbón, confirmó que el subprocurador de Justicia, Carlos Navarro Sugich, ofreció a Álvarez Icaza encabezar una fiscalía especial para la investigación del caso “para que el Movimiento por la Paz encabece la investigación en total transparencia”, afirmó.
El asesinato de Nepomuceno Moreno tuvo otras repercusiones. En la Cámara de Diputados las fracciones del PAN, PRD y PRI demandaron al gobernador de Sonora investigar a fondo el caso. Mientras que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió un comunicado en el calificó de indignante que las autoridades criminalicen a las familias de las víctimas antes de empezar las indagaciones, como es el caso de Nepomuceno.