Miles de personas de diversos grupos indígenas llegan a la Ciudad de México con la expectativa de superar la miseria padecida en sus pueblos de origen. Pero en la capital del país apenas encuentran comida de mala calidad y trabajo precario, cuando lo hay. Sin tierra, son los olvidados en la gran urbe: aquí enfrentan discriminación, abuso y pobreza urbana. El Inegi estima que son aproximadamente 120 mil; pero la Sederec, del Gobierno del Distrito Federal, señala que son más de 400 mil y reconoce que no ha destinado los recursos suficientes para los programas de atención a los pueblos originarios
Viviana escuchó de su hijo que tenía que
presentarse en la escuela secundaria para conocer y firmar las
calificaciones. Enseguida, el adolescente le suplicó que, “¡por favor!”,
no acudiera a la institución vistiendo como normalmente lo hace: falda
larga estampada, blusa de algodón con holanes y bordados de colores,
huaraches.
Su hijo de 13 años de edad, que cursa el
primer grado de secundaria, lloraba y le advertía que sus compañeros lo
volverían a molestar por verla vestida así. “Le dicen que su mamá es una
india y él se siente mal”, relata la mujer wirrárica (o huichol),
originaria del municipio más pobre de Jalisco:Mezquitic.
Hace 5 años llegó a la Ciudad de México.
Trató de escapar de la miseria que priva en la comunidad jalisciense de
Santa Catarina, donde el trabajo escasea, el acceso a la salud está
imposibilitado, no hay servicio eléctrico, las casas son construidas con
piedra y lodo, y la alimentación depende del maíz y el frijol de
autoconsumo.
Viviana Reyes López tiene 30 años de
edad. Es artesana y madre. Un “buen día” decidió venir con su esposo e
hijos a ver cómo les iba en la capital. Contactaron a familiares que
vivían en el pueblo de San Andrés Totoltepec, en la delegación Tlalpan, y
emprendieron la búsqueda de un mejor nivel de vida.
“Santa Catarina está en la sierra de
Jalisco; allá hay mucha pobreza. Me gusta porque es mi pueblo y es
tranquilo; está bonito porque no hay mucha maldad como aquí. Lo único
que no me gusta es que no hay trabajo en el que te paguen bien para
comer, vestir o calzarte. Es lo único que nos hace falta”, dice.
La región jalisciense ha sido calificada
con grado de marginación “muy alto”; es el municipio con más bajo Índice
de Desarrollo Humano de todo el estado y el onceavo a nivel nacional,
según el Consejo Nacional de Población (Conapo).
Allá, Viviana dejó a su madre sola: sus
siete hermanos también abandonaron la sierra conforme formaban sus
propias familias. Ahora están dispersos en Guadalajara, Durango y el
Distrito Federal. Todos probando suerte.
Al llegar a la urbe sintió miedo. Vivía
encerrada, no sabía cómo trasladarse de un lugar a otro. Temía perderse.
Todas las calles le parecían iguales. Casi no hablaba español. De leer y
escribir, apenas sabe lo que pudo enseñarle su esposo, quien alcanzó a
estudiar hasta el tercer grado de primaria.
Sus hijos se adaptaron fácilmente a las
nuevas condiciones de vida. Les gusta ver televisión, viajar en
transporte público, la escuela. Viviana tiene la esperanza de que ellos
lleguen a tener un “buen empleo” cuando sean un poco más grandes.
“Yo les digo que le echen ganas
[a los estudios] porque ellos no saben cómo nos va a nosotros. A veces
nos desesperamos porque no sacamos ni para las tortillas. Así, si
estudian, el día que no quieran hacer este trabajo [el de las
artesanías] sabrán otro; a lo mejor pueden trabajar en un restaurante o
una tienda”, dice.
Y es que la “fortuna” que vino a buscar
no llega: sus ventas diarias van de los 50 a los 60 pesos. En un mal
día, puede ganar menos. En un buen día, cuando le compran alguna de sus
obras más elaboradas, hasta 500 pesos. Pero son escasas las jornadas con
éxito.
Derechos humanos vulnerados
Viviana es una de miles de personas
originarias de otros estados y pertenecientes a un grupo étnico que
viven en la Ciudad de México. Su condición indígena y de pobreza las
coloca en una situación de vulnerabilidad, expuestas a la discriminación
y la violencia constante.
Karla Valeria Gómez Blancas, presidenta
de la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos, Barrios y Atención a
Migrantes, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, comenta que
no existe un diagnóstico real de las comunidades migrantes en la capital
del país. “Las cifras que se tienen están muy disparadas. Muchos de
ellos no tienen documentos y en una situación de procuración de justicia
están completamente indefensos porque no saben cómo comunicarse”.
Y es que mientras los indicadores del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) apuntan que en el
Distrito Federal hay 122 mil 411 personas de 5 años y más que hablan una
lengua indígena (lo que representa menos del 1 por ciento de la
población), la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades (Sederec), del gobierno capitalino, tiene registro de 400
mil indígenas migrantes que viven aquí.
El Inegi también documenta que de cada
100 personas que declararon hablar alguna lengua indígena, 14 no hablan
español. Los datos oficiales muestran que el náhuatl es la lengua más
hablada, con 33 mil 796 personas. Le siguen el na’saavi (o mixteco), con
13 mil 259; el hñahñú (u otomí), con 12 mil 623; y el ha shuta enima (o
mazateco), con 11 mil 878 hablantes.
Gómez Blancas, diputada por el Partido
Revolucionario Institucional, alerta que además de la falta de apoyos,
muchos de los migrantes que se instalan en la Ciudad de México son
víctimas de la delincuencia organizada: “Estamos cerrando los ojos a la explotación, no hay algo que lo frene; son temas que se han rezagado con el tiempo y no se atienden”.
Expone que la falta de empleo y la
alimentación precaria que enfrentan los pueblos originarios responden a
que el nivel de vida en la capital es caro. Antes se les veía en el
comercio informal, ahora ya no está permitido, dice en entrevista con Contralínea.
Ciudad sin esperanza
María reposa sobre un tapete bordado. El
frío comienza a calar en los primeros días de invierno. Su cuerpo
fatigado se mueve lento. La voz es tenue, casi inaudible. Todo le duele,
dice en precario español.
Hace 1 año tropezó, se lastimó la cadera.
Era candidata a cirugía pero la diabetes hizo imposible la operación:
el riesgo era alto. Las recomendaciones médicas fueron: medicamento,
reposo, dieta y bajar los niveles de azúcar para poder ser intervenida
quirúrgicamente.
Sin embargo, no ha habido seguimiento
apropiado a su caso. El tratamiento médico debe ser interrumpido por la
falta de recursos. Parece que muere lentamente en un cuarto frío y
húmedo de apenas 3 por 4 metros, sin muebles, rodeada de montones de
cartón, telas y algunos hilos que sirven para las artesanías que
realizan sus familiares.
María también vive en la Ciudad de
México, en el céntrico mercado de artesanías de la Ciudadela, en la
delegación Cuauhtémoc, donde, aparentemente, se tiene acceso a medios de
transporte, agua, luz, trabajo, salud, empleo. Ella es indígena triqui,
originaria de la región de San Juan Copala, Oaxaca.
Vive con su esposo, Juan Martínez Merino,
quien no sabe exactamente el año en que nació. Llegó al Distrito
Federal y tramitó su acta de nacimiento con la fecha de 1947; luego se
enteró que era de 1944. Su esposa está en la misma situación.
“Cuando llegó Lázaro Cárdenas a nuestro
pueblo dijo que iban a abrir la carretera para que saliéramos a vender
los telares que hacen las señoras y que nos iba a ir bien”, relata. Se
abrieron los caminos y viajaron a Oaxaca, donde hicieron sus primeras
ventas. Al paso de los años decidieron venir a la capital del país.
Era 1975, las oportunidades para los
artesanos indígenas eran alentadoras para salir de la extrema pobreza
que padecían en sus lugares de origen. “Cuando llegamos, salíamos con un
señor que organizaba exposiciones artesanales por las 16 delegaciones,
pero ahorita ya se cayó la venta. Sacamos lo necesario para vivir, nada
más.
“La gente piensa que las artesanías que
tejemos son muy caras; un telar hecho a mano, que tarda 1 semana en
hacerse, cuesta 300 pesos. Es mucho el trabajo que hay en él y no lo
quieren pagar”, lamenta.
Ante la escasa venta de huipiles o
artesanías más elaboradas, Juan Merino ha decidido surtir su local con
mercancía “barata”: diademas, pulseras, monederos que no rebasan el
costo de 30 o 50 pesos. “Llevamos unos cuantos años aquí, pero no hemos
avanzado nada”, dice.
“Cuando el gobierno [capitalino] quiere
ganarse a la gente, dice que hay apoyos y que va a ayudar a los
artesanos, pero nada. Voy a preguntar, a pedir los apoyos prometidos y
no, que no hay. Nosotros necesitamos comprar hilo y materiales”,
reclama.
—¿Qué más les hace falta?
—Las mujeres han decidido salir a vender a
las calles, pero tampoco hay espacio. Llega la camioneta [delegacional
que impide el ambulantaje] y ya no las deja. Nos hace falta trabajo.
Regresar a su comunidad es imposible,
porque aunque allá hay donde sembrar, es muy difícil vivir. La división
social ha puesto en pugna a sus propios habitantes. Sobreviven en medio
de la violencia armada, ataques entre comunidades, pobreza y abandono
oficial.
San Juan Copala pertenece al municipio de
Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, con un índice de marginación “muy alto”:
ocupa el lugar 115 de los municipios más pobres del estado, de un total
de 570, reporta el Conapo.
Investigadores avizoran incremento migratorio
El documento La comunidad indígena en el contexto urbano. Desafíos de sobrevivencia,
elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
(CESOP), de la Cámara de Diputados, sugiere que para 2025 el 55.2 por
ciento de la población total del país se concentrará en zonas
metropolitanas. Los indígenas no quedarán al margen de esta tendencia,
ya que uno de cada tres vive hoy en ciudades.
La investigación del CESOP indica que
“las comunidades indígenas del país, en su gran mayoría, se encuentran
en condiciones de marginación y pobreza: carencia de servicios públicos,
ausencia de instituciones educativas y de salud, cuestionable respeto a
sus derechos humanos y sociales, el olvido, el desempleo y niveles de
desarrollo humano por debajo de la media nacional. Éstos son tan sólo
algunos de los problemas que las caracterizan.
“La falta de oportunidades, los bajos
niveles de desarrollo humano, la marginación y la pobreza se convierten,
por tanto, en un incentivo para que la población indígena decida dejar
sus territorios y migre hacia los centros urbanos.”
Carlos Salvador Ordóñez Mazariegos,
antropólogo e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, dice en entrevista que el estudio del fenómeno migratorio al
Distrito Federal se ha abordado desde antes de la década de 1960 como
resultado de las crisis económicas y el abandono del campo por parte del
Estado. “El fenómeno migratorio es multicausal, pero la crisis
económica lo detona, se acentúa después de la instalación de las
políticas neoliberales”, expone.
“Vemos cómo llegan y viven sumamente
precarios, con empleos de salarios bajos, subempleos. Construyen una red
social de manera que todas las necesidades básicas esenciales sean
resueltas entre todos ellos. Recrean sus propios procesos al interior de
la ciudad y mantienen su membresía étnica, celebran sus fiestas
patronales y crean una multilocalidad de su identidad”, comenta Ordóñez
Mazariegos en entrevista con Contralínea.
Sin embargo, dice, no existe una ley
expresa respecto de las comunidades indígenas que viven al interior de
la Ciudad de México, y esto es una deuda histórica. Con esa ley no sólo
se trataría de hacer una visibilización de los grupos, sino de los derechos que tienen para acceder a la salud, educación y a una vida digna.
Mazahuas, décadas de abuso
“¡La Julia!”, así le decían a la
camioneta que significaba el terror de las comerciantes, vendedoras de
fruta de temporada en las calles del primer cuadro de la ciudad. De ahí
bajaban los oficiales de policía, “agarraban a nuestras mamás de las
trenzas, le echaban gasolina a la fruta, les cortaban el cabello, había
gente que estaba embarazada y la pateaban”. Así es como recuerda
Josefina Flores sus primeros días en la Ciudad de México.
Originaria de San Antonio Pueblo Nuevo,
Estado de México, la indígena jñatio (o mazahua) lleva décadas entre las
principales calles del Centro Histórico sorteando la vida, expuesta a
la discriminación, el abuso y el desempleo.
Vive en un predio expropiado cuando
Andrés Manuel López Obrador estaba al frente del Gobierno del Distrito
Federal, en la calle de Mesones. Ahí hay otras 57 familias que cada vez
se hacen más grandes y que ocupan los departamentos otorgados a crédito
por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal.
“Nos vinimos para acá por necesidad. Eso
fue en 1940, cuando llegaron nuestros abuelos, porque no había qué comer
allá. Yo vine ya grandecita, tenía como 7 u 8 años [de edad]. Me traían y me llevaban porque tenía que trabajar aquí y allá. Éramos tres huérfanos que vivíamos con un tío. Mi mamá venía aquí a hacer la lucha para que nos pudiera dar de comer”, relata Josefina.
Han pasado más de 60 años desde las
primeras migraciones de ese pueblo y fue hasta 2007 que esta comunidad
pudo tener un espacio digno donde vivir, el mismo que pagan mes con mes.
Sin embargo, la falta de empleo pone en riesgo la economía de estas familias, que no dejan de crecer.
Las disposiciones del Gobierno del
Distrito Federal impiden el ambulantaje en las principales calles de la
ciudad, actividad a la que se dedicaban primordialmente.
—¿Cómo recuerda su infancia?
—Estábamos acostumbrados a trabajar en el
campo. Yo era pastora. Ahí jugábamos, pero teníamos que estar al
pendiente de los animales que cuidábamos.
“Cuando me trajeron para acá tenía como
10 años. Primero vivía en Martínez de la Torre; después por Zaragoza,
rumbo a la carretera de Puebla; luego en la colonia Moctezuma, donde
vendíamos limas reales. Mi mamá vendía en la calle de Correo Mayor, en
el Centro.
“Hablaba sólo mazahua, nada de español.
Se me hizo un poco difícil aprenderlo. Yo decía: ‘es que no me va a
salir pronunciarlo’. Luego empecé a trabajar con una señora que me
enseñaba cómo decir las cosas.”
—¿Ha sufrido discriminación?
—Sí, y sigue. Nosotros usamos nuestro traje mazahua pero ya casi no me lo pongo, porque cuando vamos a algún lado nos miran feo.
Josefina es una de las principales
promotoras de apoyos para la comunidad mazahua en el Distrito Federal.
Gestiona recursos para sus compañeros. Se mantiene de la venta de
bordados y manteles que sus hijos ofrecen en los mercados.
Avanza lentamente. Es de las pocas que
han conseguido un bienestar para su gente fuera de su lugar de origen.
Sin embargo, todos los días ve cómo sus vecinos, compañeros y familiares
no tienen donde trabajar.
Cuenta que y cuando se atreven a salir a las calles “se la pasan toreando
a la policía para que no los levanten con su mercancía. Eso no es vida.
Tratamos de encontrar un espacio donde vender, tener un empleo; ya
tenemos muchos años así, no somos nuevos”, dice.
Sederec, falta de presupuesto
Hegel Cortés Miranda, titular de la
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, acepta la
falta de atención y visibilización que hay en torno a las
comunidades indígenas migrantes en la Ciudad de México. A ello se suma
el precario presupuesto que, calcula, debería ser tres veces mayor para
ampliar los programas de atención a estos grupos.
Sin embargo, expone que la dependencia
que encabeza tiene la tarea de instrumentar políticas públicas que
generen, principalmente, la visibilización de más de 400 mil personas indígenas por autoadscripción.
Esta política de visibilización,
explica, se hace a través del otorgamiento de una tarjeta de huésped
migrante. Con ella se les da nombre, pertenencia a un grupo étnico,
seguros médico y de desempleo, derechos sociales y humanos.
Lo anterior, dice en entrevista con Contralínea,
también responde a la necesidad de sensibilizar a todas las
dependencias públicas y a la misma sociedad, porque estos grupos
sociales están permanentemente sujetos a discriminación por su color de
piel, estatura, forma de hablar y vestir.
“Con la tarjeta van a tener derecho a
medicamento, acceso a hospitales y clínicas del sector salud, a un
seguro de desempleo (con un salario mínimo al día, por 6 meses).
“Buscamos generar una política de apoyos
y becas para los niños, alimentarias y educativas, con 1 mil 800 pesos
mensuales hasta concluir la educación media básica para ir igualando la
desventaja social, económica, cultural, educativa en la que se
encuentran”, dice Cortés Miranda.
Además, la Sederec pretende llevar a cabo
la construcción del Centro de la Interculturalidad de México, que
necesita de una inversión de 35 millones de pesos. Éste sería un espacio
para tratar todos los temas relacionados con las comunidades migrantes,
barrios y pueblos originarios. Aquí se desarrollarían talleres, mesas,
debates, discusiones y programas de atención.
El secretario capitalino comenta que
además se está impulsando una ley de asuntos indígenas en el Distrito
Federal, la misma que lleva más de tres legislaturas en la congeladora. “Una vez aprobada sería un caso inédito”, indica.
No obstante los buenos propósitos:
proyectos de programas, de talleres y la creación de una ley, la
Sederec enfrenta la dotación de un presupuesto insuficiente para el
desarrollo de sus funciones.
Cortés Miranda puntualiza: “Es una lucha
que tenemos que dar: la Sederec no cuenta con el mejor presupuesto. Tan
sólo para programas contamos con 150 millones de pesos, cuando la
demanda es casi por el triple; no entramos en los proyectos de vivienda o
productivos; necesitamos elaborar una política de trabajo que integre
plazas comerciales, artesanales y sacar toda la cuestión de retraso
económico de estas comunidades”.
