EL PERICÓN, Tecoanapa, Gro. (apro).- Integrantes del grupo de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) decidieron liberar a seis funcionarios federales y estatales encabezados por Ernesto Aguirre Gutiérrez –sobrino y asesor del gobernador Ángel Aguirre– y el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, a quienes previamente habían retenido en este poblado.
Los inconformes también desbloquearon esta noche la carretera interestatal que conecta la región Centro con la Costa Chica, donde además cedieron el paso a medio centenar de soldados adscritos al 48 batallón de Infantería con sede en Cruz Grande, cabecera municipal de Florencio Villarreal.
Cerca de las 20:38, luego de una discusión entre comunitarios por liberar o no a funcionarios y militares, los inconformes acordaron darles el paso y desbloquear la carretera que conecta Tierra Colorada con Ayutla de los Libres.
Juan Salgado Brito, delegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad, confirmó que “para mañana a las diez de la mañana se acordó que el gobernador Ángel Aguirre recibirá (a los comunitarios), y el jueves al mediodía funcionarios de la Segob también los van a atender”.
Un acuerdo más fue que el Ejército no vuelva a instalar un retén en esta localidad de Tecoanapa.
Por la mañana, los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) bloquearon la misma carretera de la región de Costa Chica, pero a la altura del municipio de Ayutla de los Libres, también en demanda de respeto a sus policías civiles.
De esta forma, los dos principales grupos de autodefensa surgidos en la región de la Costa Chica, y que se han extendido a cinco de siete regiones de la entidad, mantuvieron en jaque a las autoridades gubernamentales.
A las 17:20 horas arribó al poblado de El Pericón una comisión negociadora integrada por el sobrino de Aguirre Rivero; el secretario de Gobierno y el procurador Iñaki Banco Cabrera, así como el delegado de la Segob, Juan Salgado Brito, y el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Salvador Anaya del Carmen.
La presencia de autoridades se dio a más de un día de que estalló el conflicto y luego de que el gobernador Aguirre admitiera haber sido rebasado por este problema generado por los operativos del Ejército y la Marina en contra de los grupos de autodefensa.
Más tarde se realizó una asamblea en la explanada de la escuela telesecundaria Juan Escutia de este poblado, donde los integrantes de la UPOEG insistieron en su exigencia del regreso de las armas decomisadas y el respeto a la guardia comunitaria.
“No es posible que el gobierno proteja a los criminales y ataque a la población en lugar de combatir a la delincuencia”, expresó una mujer.
En cascada se expusieron testimonios en contra de autoridades de los tres niveles de gobierno, en los que se reprochó la criminal omisión e indolencia que han asumido frente a la ola de violencia que se padece en la entidad.
En respuesta, el secretario de Gobierno, Jesús Martínez, justificó las acciones de Ángel Aguirre y propuso instalar mesas de negociación con los inconformes para los próximos días.
Sobre la petición del regreso del armamento de las autodefensas de la UPOEG, el funcionario estatal se deslindó del asunto al argumentar que se trata de un tema federal, ya que el Ejército puso las armas a disposición del Ministerio Público federal.
Martínez Garnelo rechazó asumir el compromiso de regresar las armas a los inconformes y dijo que este tema lo negociarían con el gobierno federal para destrabar el conflicto.
La postura de los integrantes de la comisión negociadora molestó a las autodefensas, quienes se quedaron a deliberar en la cancha del plantel escolar.
Por su parte, los seis funcionarios federales y estatales solicitaron alimentos argumentando que la carga laboral les había impedido comer.
El dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, dirigió a los funcionarios a una precaria aula donde les fue servido caldo rojo de res, sin embargo, durante el trayecto, el sobrino del gobernador Aguirre advirtió al activista indígena: “¡No se vayan a pasar, no se vayan a pasar!”, en referencia a las expresiones de molestia de los pobladores y los amagos de ser retenidos.
Otros dirigentes de la UPOEG trataron de calmar los ánimos de los inconformes, pero fueron rebasados por éstos, quienes a las 18:30 horas determinaron volver a bloquear la vía que habían liberado esta mañana, así como retener a los seis funcionarios federales y estatales, aparte de proseguir con el cerco impuesto desde ayer a medio centenar de soldados.
No obstante, esta noche autodefensas y pobladores decidieron dejar paso libre a militares y funcionarios; estos últimos abordaron camionetas del Ejército y salieron de prisa de El Pericón.
