Por Guadalupe Lizárraga
LOS ÁNGELES.- El gobierno de Estados Unidos aceptó
proteger a Francisca Galván Segura, abogada del Comité de Madres y Familiares
con hijas desaparecidas, después de casi cuatro meses de espera por el refugio
político en el Centro de Detención de Otay. El fallo de la Corte de San Diego
fue favorable con libertad bajo palabra, después analizar los argumentos
jurídicos y evidencias sobre el peligro que la abogada de derechos humanos
corre en México, y específicamente en Ciudad Juárez.
Galván Segura fue liberada frente al edificio
federal de Migración en San Diego y se le otorgaron doce meses de refugio antes
de que tenga que solicitar oficialmente el asilo político que tendrá que presentar
ante la juez que recientemente la atendió en la audiencia del 30 de mayo en el
Centro de Detención, días antes de ser liberada. También se le autorizó un
permiso de trabajo para integrarse profesionalmente a la sociedad
estadounidense con efecto para cualquier entidad de este país.
"Jamás imaginé que al pedir asilo en el puente
fronterizo a donde llegué aterrada y con desconocimiento total del proceso, se
convertiría en mi propia experiencia de las vicisitudes que pasan los migrantes
en los centros de detención de Estados Unidos", dijo la abogada de
derechos humanos. Abundó que el estar detenida ha cambiado su percepción sobre
este problema público que también existe en Juárez, donde los migrantes son
invisibles como en su momento lo fueron las desapariciones de jóvenes.
Se trata del tercer refugio político otorgado a
miembros del Comité de Madres de Juárez a causa del hostigamiento de las
autoridades del gobierno del estado de Chihuahua y de la directora de Justicia
para nuestras hijas, Norma Ledesma. Detrás de estos acosos también se han
denunciado al presidente municipal, Héctor Murguía, y a la fiscal Rosa María
Sandoval, de la Fiscalía del Estado.
Francisca Galván Segura ha sido la abogada
voluntaria de las madres de víctimas de feminicidios y raptos desde marzo de
2010. Ha documentado las investigaciones y denunciado la corrupción en
las evidencias e información, por lo que las autoridades intentaron
acallarla por exigir la verdad acerca de estos crímenes de género.
Francisca Galván también señaló que la mayor
evidencia de sus denuncias es la protección otorgada por las autoridades
migratorias estadounidenses que después de investigar su caso determinaron el
riesgo que corría ante las mismas autoridades del estado de Chihuahua.
El Comité de Madres de Juárez se fundó como un
grupo alternativo de ayuda a la madres de víctimas de feminicidios y
desaparecidas que no están dispuestas a seguir guardando silencio ante los
crímenes de género en los que han sido denunciados por complicidad directa
desde agentes ministeriales hasta autoridades municipales, y se han presentado
evidencias, testimonios e información que sustenta la corrupción en las
investigaciones, según explicó la abogada.