El primer día del nuevo gobierno estalló la violencia. ¿Demasiado organizado para ser casual? Así iniciaron las protestas del 68 y 71, y también las represiones. Conoce las similitudes y diferencias de estos movimientos
Si los primeros indicios de los hechos violentos ocurridos el primero de diciembre en la Ciudad de México, apuntaban hacia el surgimiento de la subversión violenta, con el paso de los días empiezan a surgir otras evidencias que debilitan esta hipótesis y fortalecen otra.
La tesis más fuerte, hasta ahora, presume la existencia de un plan de acción orquestado desde alguna instancia gubernamental que perseguiría dos objetivos políticos:
El primero, debilitar la imagen de Enrique Peña Nieto, para hacerlo debutar como un gobernante intolerante y represor frente a los que se manifiestan en su contra.
El segundo, hacer aparecer a Andrés Manuel López Obrador como el instigador de una escalada de violencia para descalificar su república amorosa.
¿Quién realmente estuvo atrás de estos movimientos violentos?
¿Son grupos radicales que decidieron manifestarse espontánea y agresivamente precisamente a partir del primero de diciembre?
¿O estamos frente a una trampa como la ocurrida el 10 de junio de 1971, el famoso Jueves de Corpus, para reventar políticos?
Entre el 1 de diciembre y los guantes blancos
Todo empezó la mañana del domingo 26 noviembre cuando millones de personas que se transportan cotidianamente en el Metro se enteraron que se habían cerrado las entradas las estaciones Santa Anita, Jamaica, Fray Servando y Candelaria de la línea 4, direcciones Santa Anita-Martín Carrera.
La orden provenía del Estado Mayor Presidencial de Felipe Calderón, sin que el gobierno del Distrito Federal pudiera haber hecho algo para evitar la decisión.
Además las “medidas preventivas” supuestamente para garantizar la seguridad en la toma de posesión de Peña Nieto, también implicaban la instalación de un cerco metálico a cargo de la Policía Federal, que aislaba 10 kilómetros cuadrados en torno a la Cámara de Diputados.
Nunca había sucedido nada igual. No había precedentes históricos de tan absurdas y exageradas medidas. Con tal prepotencia, con tanta anticipación.
Para traspasar el cerco, los vecinos de la zona tenían que acreditar que habitaban en las viviendas circundadas. Para un ciudadano común, atravesar la valla representaba tantos o más obstáculos que cruzar la frontera con los Estados Unidos.
El jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, protestó la medida. El presidente de la Cámara de Diputados Jesús Murillo Karam, también.
Y hasta Miguel Osorio Chong, entonces coordinador General de Diálogo Político y Seguridad de Peña Nieto se vio obligado a intervenir para que se reabrieran las estaciones del Metro y se facilitaran los accesos a San Lázaro y a las zonas habitacionales.
Daba la impresión, ya desde entonces, que el gobierno de Calderón tenía la intención de provocar innecesariamente el enojo y la molestia de los vecinos de San Lázaro. De predisponerlos en contra del arribo del nuevo gobierno.
Y es que la muy anticipada instalación del cerco, además de violentar las garantías de tránsito, no se justificaba desde ningún punto de vista.
Menos aún cuando el propio Andrés Manuel López Obrador, Martí Batres, y el movimiento Yosoy132, habían anunciado que continuarían con sus manifestaciones pacíficamente.
El halconazo
En la historia reciente de México ha habido miles de manifestaciones, pero las violentas, se pueden contar con los dedos de la mano.
Y en todas ellas, con el paso tiempo, se ha descubierto que la violencia fue provocada desde alguna instancia de gobierno, con objetivos políticos muy específicos.
Asi sucedió con la participación de los guantes blancos del batallón Olimpia en los sucesos del 2 de octubre de 1968.
Y así ocurrió también con la matanza del llamado Jueves de Corpus de 1971, cuya verdadera historia fue relatada por Alfonso Martinez Dominguez al respetado activista de izquierda Heberto Castillo.
“No, señor presidente. Creo que si realizan su marcha no habrá mayores problemas. Soy de la opinión de que no se tomen sino medidas precautorias. Vigilar que no haya provocaciones. No habrá problemas”.
Quien así hablaba era el jefe del entonces Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez.
El presidente Luis Echeverría lo había convocado para analizar los riesgos de una marcha de protesta que se realizaría el 10 de junio de 1971.
Sin embargo, Echeverría daba la apariencia de no estar de acuerdo con la opinión de Martínez Domínguez:
“No, Alfonso. La izquierda me está toreando, quiere que muestre debilidad y entonces se me subirán a las barbas. Los meteremos al orden.»
La verdad sobre lo que sucedió entonces se supo años después a través del relato de Martínez Domínguez a Heberto Castillo.
En realidad, el objetivo primordial de Echeverría era deshacerse de Martínez Domínguez, porque el político que años después fue gobernador de Nuevo León, “tenía pasado y fuerza política. Le hacía sombra al presidente.”
Y por eso el presidente de la República había diseñado un plan para hacer aparecer al jefe de gobierno del Distrito Federal como un represor intolerante ante la ciudadanía.
El 10 de junio de 1971 los jóvenes marcharon y sobrevino la masacre.
Martínez Domínguez no pudo hacer nada por evitarla porque Echeverría lo había convocado a Los Pinos a una reunión de trabajo.
“Nada pudimos hacer. La marcha se llevó a cabo y los halcones adiestrados en el Departamento del Distrito Federal, con la complacencia de la policía, golpearon a periodistas, rompieron cámaras fotográficas, hirieron, mataron y remataron muchachos, hasta en las camas del hospital Rubén Leñero, en la Cruz Verde.”