La Defensa Nacional informó, mediante un comunicado, que había abatido, en enfrentamiento, a seis supuestos sicarios en la Sierra de Guerrero. Testigos y familiares señalan que los jóvenes fueron sacados de una fiesta familiar por soldados del 19 Batallón de Infantería. Luego de haber sido maniatados y torturados, habrían sido ejecutados por los militares en un paraje accidentado. La Comisión de Derechos Humanos del estado y el Ministerio Público documentan lo que podría ser un caso de falsos positivos atribuible a efectivos del Ejército Mexicano. El terror, que provocan militares y narcotraficantes en la región de Tierra Caliente, desplaza a decenas de habitantes
José Antonio Rivera Rosales
El
Tule, Tecpan de Galeana, Guerrero. Tropas del 19 Batallón de Infantería
dieron muerte, en ejecución sumaria, a seis jóvenes de esta región de
la Costa Grande de Guerrero, a quienes después presentaron como sicarios
caídos en un combate armado. La afirmación consta en múltiples
declaraciones de testigos recogidas por la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos del estado de Guerrero y por el reportero en la región
de la Sierra.
El domingo 2 de septiembre un boletín de la Procuraduría General de
Justicia de Guerrero informaba que durante un recorrido de
reconocimiento por la Sierra de Tecpan de Galeana, personal del Ejército
Mexicano fue emboscado por civiles que abrieron fuego de fusiles. Según
la versión oficial, los militares repelieron la agresión causando la
muerte de los agresores.
En el comunicado, la dependencia dice haber sido informada del
enfrentamiento al filo de las 18:00 horas, pero que las actuaciones
legales se llevaron a cabo cerca de las 23:00 horas, “debido a las
condiciones climáticas y difíciles de la región”. De esta manera, la
Procuraduría local dio por buena la versión del supuesto enfrentamiento
en el que fallecieron los seis civiles cerca de la comunidad de La
Palma, “hechos por los que se inició la averiguación previa
GALE/SC/04/431/2012”, según el acostumbrado léxico oficial.
Sin embargo es muy distinta la versión tanto de los agraviados como
de la generalidad de los habitantes de esta región, para quienes este
asesinato múltiple sólo fue el colmo de una serie de atrocidades
cometidas por personal militar contra la población civil, por lo menos
desde principios de año, cuando se recrudeció el hostigamiento de las
unidades militares destacadas particularmente en el área de San Luis de
la Loma y San Luis San Pedro, poblados situados sobre la carretera
Acapulco-Zihuatanejo, a los que las tropas tratan como enemigos.
Juan Alarcón, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos de Guerrero, no adelanta juicios: “Vamos a investigar”, dice;
pero reconoce que en la zona han recogido más de 60 quejas por agravios
de los miliares cometidos contra la población.
El
caso, que ya analiza la Comisión, se produjo en un confuso incidente
ocurrido el 1 de septiembre en las faldas del Filo Mayor. Ese sábado, un
grupo de habitantes de esta pequeña localidad –donde reside una
treintena de familias– se congregó para festejar el cumpleaños de Jorge
Granados Ávila. La fiesta terminó en tragedia cuando un par de vehículos
militares arribaron al lugar, aproximadamente a las 14:00 horas, y se
llevaron detenidos a seis miembros de esa familia, incluyendo al
festejado.
Aquel día los jóvenes no sólo festejaban el cumpleaños de Jorge
Granados, quien cumplía apenas 17 años de edad; también despedían a su
primo Heber Daniel Granados García, de 17 años, quien unos días después
partiría a Querétaro, donde estudiaba la preparatoria.
En la reunión estaban presentes, además, Bulmaro Granados Sánchez,
recién cumplidos los 17 años un par de días antes, el 28 de agosto; así
como Joaquín Granados Vargas, de 37 años, quien era parapléjico. Otros
miembros del círculo de amigos eran José Olea López, también de 17 años,
y José Carlos Atrixco Isidra, de 23 años de edad.
En su derredor se agruparon cerca de una veintena de vecinos y
amigos que expresamente acudieron a esta comunidad, donde está situada
la casa paterna, para conmemorar tanto los cumpleaños como la inminente
separación del grupo, por la partida de cada uno de ellos a sus
comunidades ante la aproximación del nuevo ciclo escolar.
Como se acostumbra en las regiones rurales de Guerrero, las fiestas
son citadas a partir del mediodía y se desahogan en el transcurso de la
tarde. Jamás se imaginaron que el festejo sería interrumpido de tan
abrupta manera.
Los militares, todos encapuchados según los testigos, llevaban
consigo a tres personas también vestidas como soldados e igualmente
tapadas de la cara, pero que en lugar de botas calzaban huaraches. Eran
dos hombres y una mujer que iban señalando a cada uno de los presentes
en la fiesta familiar.
Con un llanto que apenas puede contener, Antonia Ayvar Ureña,
abuela del joven festejado, explica que los militares irrumpieron
violentamente y que iban a bordo de “dos comandos” (vehículos
militares), precedidos por los civiles que los guiaban. Estos últimos,
indica, fueron seleccionando de entre los presentes a quiénes se
llevarían.
—Se los levantaron
a las dos de la tarde. Llegaron preguntando nombres: “Tú, cómo te
llamas; cómo te llamas”, y los agarraron a todos y los echaron al
comando que traían ellos. Se los llevaron a las dos de tarde. Como a eso
de las tres escuchamos unos disparos, muy lejos, pero nunca nos
imaginamos que los habían matado. Nunca supimos nada, pensamos que los
llevaban detenidos.
—¿Ellos no opusieron resistencia ni nada?
—No, ellos no. Eran como las dos de la mañana cuando pasó una
persona en una bestia y fue el que nos dio parte. Llegaron esos médicos
forenses y les dijeron: “Venimos a levantar seis cadáveres que nos
dijeron que están por aquí”. Entonces nos movilizamos porque los cuerpos
se los llevaron a Tecpan.
—¿Eso fue el día primero?
—Sí, el 1 de septiembre.
—¿Celebraban el cumpleaños de quién?
—De mi criatura, de Jorgito Granados. Se lo estábamos
adelantando porque él se iba a regresar a clases. De ahí se los llevaron
y los torturaron de la manera más vil del mundo. Yo lo que quiero es
que se haga justicia. Vamos a luchar hasta lo último porque se le haga
justicia a mi criatura. Hago responsable a este gobierno si algo me pasa
a mí o a cualquier persona que declare. Los hacemos responsables y
queremos justicia. Quiero que les apliquen todo el rigor de la ley por
lo que hicieron.
—Aparte de usted, ¿había otras personas ahí cuando se llevaron a los muchachos?
—Sí, porque era un convivio y apenas comenzaba a llegar la gente.
Había más personas; estaba ella [Solfina Vargas, también abuela de los
jóvenes] y más o menos como 20 personas más.
—¿Todos fueron testigos de que se los llevaron vivos?
—Se los llevaron vivos. Llegaron preguntando: “Tú, cómo te llamas;
cómo te llamas; cómo te llamas”. Se llevaron a todos los que se
apellidaban Granados.
Solfina Vargas Caro, madre y abuela de los jóvenes Granados, coincide con el testimonio:
—Ellos estaban celebrando el cumpleaños de Jorge. Entonces ahí llegaron los soldados y los levantaron.
Se los llevaron. Nosotros quedamos con pendiente de dónde se los habían
llevado. Oímos disparos. Nosotros no sabíamos si eran disparos o eran
cohetes. Pero ya más tarde, la abuela de uno de los muchachos habló
preguntando si ya los habían bajado; entonces pasó un muchacho a caballo y vio los seis cuerpos sin vida. Fue ese muchacho el que nos avisó, ya por la noche.
—Para que quede muy claro: ¿se los llevaron de una fiesta familiar,
se los llevaron desarmados, entre ellos un muchacho inválido, y los ejecutaron?
—Sí, así pasó. Se los llevaron de una fiesta y los ejecutaron. Los levantaron de mi casa, de El Tule, y los mataron de una forma muy cruel. Eran puros jóvenes. Queremos que se haga justicia.
Desconsoladas, las ancianas Ayvar Ureña y Vargas Caro demandan a
las autoridades federales que los asesinos de los jóvenes Granados sean
llevados ante la justicia y castigados con todo el peso de la ley.
—¿Los cuerpos tienen señales de que hayan sido torturados?
—Sí, sí tienen señales. Uno de ellos tiene piquetes en la cara,
como con un cuchillo y los dientes quebrados. Todos estaban picados y
golpeados. A mi criatura [Jorge Granados, el festejado] me lo picaron,
me lo torturaron, y eso no se vale.
“¡Quiero justicia, quiero justicia!”, clama a gritos la señora
Solfina Vargas, matriarca de la familia Granados y dueña de la casa
donde ocurrieron los hechos.
Sin rodeos, los agraviados refieren la identidad de los
responsables de los asesinatos y de la brutalidad de las tropas contra
los civiles: el subteniente Rogelio Rosales Pantoja, un mayor de
apellido Solís, un coronel de apellido Dante, adscritos al 19 Batallón
de Infantería que, a su vez, está bajo la jurisdicción de la 27 Zona
Militar, comandada por el general Benito Medina Herrera.
Escenario de guerra
El
doctor Reynaldo Soria Juárez es –dice– un sobreviviente de esta región
en la que, a lo largo de los años, muchos de sus compañeros médicos
fueron asesinados o huyeron por la violencia recurrente.
Esta región de la Costa Grande de Guerrero, situada en las faldas
del Filo Mayor de la Sierra Madre del Sur, es conocida históricamente
por su alta incidencia en producción de amapola y mariguana. Esto ha
colocado a la entidad como el primer lugar nacional en producción de
estupefacientes. Esta incidencia también ha propiciado que los
habitantes, con frecuencia, sean vistos por las autoridades federales
como traficantes de droga.
Militante de la izquierda histórica, fundador del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y representante local del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), que lidera Andrés Manuel López Obrador,
el médico Soria Juárez sostiene que los mandos del Ejército Mexicano
acantonados en esta región están construyendo un escenario de guerra en
cuyo contexto la población civil es vista como “el enemigo”.
—¿Cómo es eso de que el Ejército está construyendo un escenario de guerra?
—¡Ya lo construyó! Aquí lo que estamos viendo es que el Ejército ya
construyó un escenario de guerra. ¿Por qué? Por las siguientes razones:
el Ejército ya instaló aquí tres cuarteles en San Luis de La Loma. Está
uno, tengo entendido, en una casa de un señor conocido aquí; otro,
pasando el río que divide a los pueblos [San Luis de La Loma y San Luis
San Pedro]; en total son cuatro bases de operaciones. Entonces nosotros
estamos angustiados, tanto la población de San Luis como la población de
la Sierra, estamos angustiadísimos. Nosotros vemos un peligro inminente
de guerra. Hay un problema: hace varios días el Ejército mató a seis
personas [los Granados]. En su declaración, el Ejército dice que eran
sicarios que cayeron en enfrentamiento…
—Pero no fue enfrentamiento…
—No fue enfrentamiento. Las pruebas de rodizonato [prueba hecha
para la detección de residuos por disparo de arma de fuego] que se les
hicieron a los muchachos en el Servicio Médico Forense salen negativas.
Ése es un antecedente de cómo empezó esta situación.
—¿Se puede decir que fue una ejecución sumaria?
—Fue una ejecución sumaria y después se van dos o tres días [el
Ejército], pero regresan a instalar cuarteles. Ellos instalan los
cuarteles pero además salen a provocar a la gente. Le han mentado la madre a algunas personas, les han dicho: “Qué me ves, pendejo…”.
—¿Hostigan a la población?
—Definitivamente. ¿Por qué lo están haciendo? Lo están haciendo
para provocar. Y lo que nos da miedo es que al grupo que ellos
agredieron venga y les responda, y de ahí se desencadene una guerra de
baja intensidad.
—¿Estamos en ese ínter, de que se produzca una respuesta de la población?
—No, la población no. La población va a ser víctima. El miedo es
que algún grupo con los que Ejército pelea –del crimen organizado o como
quieran llamarlo– venga y les responda por lo que ellos hicieron.
Entonces la población civil queda en medio. Si ellos [los militares]
quieren fincar su teatro de operaciones, su teatro de guerra, que lo
finquen en otro lado donde no haya gente, donde no hayan niños. Van a
morir civiles inocentes como siempre ha pasado. Entonces, el movimiento
de la ciudadanía no es ni en contra del Ejército ni en contra del crimen
organizado, es una llamada de atención para que se vayan y eviten una
mayor confrontación que involucre a inocentes en esta región.
—¿Ustedes piden la salida del Ejército?
—Pedimos la salida del Ejército en buen plan. Es más,
ahorita lo que queremos es dialogar con ellos. Si es posible, que se
establezca una comisión de nosotros para ir a platicar directamente con
los mandos.
—¿Está consciente de que el bloqueo de las carreteras es un delito federal, a final de cuentas?
—Sí, sí sabemos. Es lo que voy a proponer con la gente, porque otra
situación es que los que estemos aquí nos levanten acta y luego que nos
lleven a Zihuatanejo. En Zihuatanejo a toda la gente que ha ido de aquí
a declarar allá, o que se la ha llevado el Ejército, la ha matado o la
ha desaparecido un grupo de allá de Zihuatanejo.
—¿Qué personas que han desaparecido o qué otros casos específicos de hostigamiento a la población ha conocido?
—El 1 de enero, el Ejército fue al poblado de Santa Lucía y se
trajo a un individuo, porque parece que le encontraron afuera de su casa
un arma. Se lo llevaron como a las 10 de la mañana. Lo depositaron ante
la PGR [Procuraduría General de la República] como a las ocho de la
noche. Al otro día, a las nueve de la mañana salió. Ya lo estaba
esperando un grupo armado y lo desaparecieron.
—¿Y esto fue en Zihuatanejo?
—Sí. Otro caso de aquí, de San Luis de la Loma, es el del que
vendía autopartes en un deshuesadero. Se lo llevó también el Ejército
ahí mismo, a la PGR; la PGR lo remitió a la cárcel. La esposa lo visitó y
lo dejó ahí mismo, vivito y coleando, en la cárcel, y al llegar aquí a San Luis de La Loma, le avisan que se había colgado, que se había suicidado.
—¿Se puede tratar de un escenario de contrainsurgencia lo que se está armando aquí?
—Aquí no hay insurgencia. Este movimiento precisamente trata de
demostrar que lo único que queremos es trabajar en paz. Esto no tiene
nada de insurgencia ni de política. Éstas son violaciones tras
violaciones a los derechos humanos. Yo no lo veo como algo político. Lo
veo exclusivamente como un problema de defensa de los derechos humanos.
La violación a los derechos humanos aquí ha sido abierta y
constantemente. Es una situación ya intolerable: aquí las fiestas
nocturnas se acabaron, la alegría juvenil se acabó, en parte por el
crimen organizado y ahora por la actitud del Ejército.
—Como lo que pasó en Acapulco, que ya casi nadie transita por las calles de noche, ya no hay fiestas, se deprimió la economía…
—Este movimiento busca restaurar la tranquilidad. Yo le digo a la
gente que en un conflicto, así sea de baja intensidad, la gente común y corriente
somos los que la pagamos: los negocios cerrados. En la calle principal
de San Luis no hay movimiento de gente. La economía se acaba. Yo soy
médico, tengo un consultorio, pero en la noche nadie circula porque
tiene miedo, no hay servicio de urgencias en el hospital. Hay
testimonios de personas que han parado los soldados y las detienen para
investigarlas. Uno no sabe. Uno se dedica a su trabajo. Yo llevo 35 años
viviendo en San Luis y me considero un sobreviviente porque todos mis
amigos médicos han sido asesinados. Aquí nunca ha habido un médico que
lo velen y que tomemos un café porque se murió de un infarto. O los han
corrido o los han matado. Ése era un tipo de inseguridad; pero ahora
está peor, porque imagínese una guerra en San Luis de La Loma. Por eso
nosotros queremos dialogar con el Ejército, con sus mandos…
—¿No debiera ser con el gobernador Ángel Aguirre?
—No. En todo caso con el gobierno federal, porque esto es federal.
Pero el presidente de la República es un dipsómano; él está propiciando
todo esto. Toda esta situación que tenemos aquí es producto de [Felipe]
Calderón, más de 70 mil muertos en el país.
—¿Este operativo de tropas está encuadrado en el Operativo Guerrero Seguro?
—No, no. El Guerrero Seguro es otro. Éste es exclusivamente el
Ejército contra un grupo, y con tal de aniquilar a ese grupo no le
importa arrasar con la población. Su campo de batalla, en lugar de
hacerlo donde está el mal, lo quieren hacer aquí en San Luis. Y nosotros
no queremos guerra. Ya estamos cansados: la economía de San Luis se ha
venido abajo, la alegría ha desaparecido.
El médico refiere que el asesinato de los jóvenes Granados –entre
ellos Joaquín Granados Vargas, de 37 años, parapléjico desde hace años
debido a un accidente automovilístico– despertó la furia de la comunidad
que, tras varias reuniones, decidió organizarse para demandar justicia.
Por ello, el 10 de septiembre casi 2 mil habitantes –hombres,
mujeres y niños– bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo a
la altura del puente que divide a las dos poblaciones, San Luis San
Pedro y San Luis La Loma. Esto obligó a los mandos militares a retirar
parcialmente las cuatro bases de operaciones apostadas en el interior y
los linderos de la comunidad.
Cadena de agravios
Ingeniero
de profesión, Leopoldo Soberanis Hernández es un productor frutícola
con experiencia laboral de más de una década en Corea y Japón. Apreciado
por los habitantes de la región, es uno de los principales líderes
naturales de estos poblados asolados por la violencia. Leopoldo explica
que, según denuncias de pobladores que por seguridad se mantienen en el
anonimato, particularmente esta región de la Costa Grande es vista como
un botín por la organización criminal Los Caballeros Templarios, que
disputan la zona con otros grupos delictivos como La Familia Michoacana
y, probablemente, algún otro grupo del crimen organizado, como Los
Zetas.
Según esos testimonios, las tropas y mandos del Ejército destacados
en la región parecen favorecer las operaciones ilícitas de Los
Caballeros Templarios, pues se hacen acompañar de personas de ese grupo
delictivo, como Los Tito, para asesinar a quienes no ceden a las
extorsiones o a quienes consideran miembros de algún grupo contrario.
“El grave problema que afrontamos es que, como población civil
productiva, nosotros quedamos en medio de esta disputa en la que
intuimos que los militares pudieran tener alguna preferencia”, dice
Soberanis Hernández. Esos civiles que operan intercalados con las tropas
son los mismos que, en su opinión, señalaron a los jóvenes Granados
para ser ejecutados.
—Hay versiones de que, cuando ocurrió el incidente, con los
militares iban dos o tres civiles, entre ellos una mujer, con capucha,
que iban señalando a las víctimas. ¿Esto es verídico?
—Los familiares de los fallecidos nos indican que el Ejército, los
que llevaban casco y uniforme, preguntaban a los que se veían como
civiles porque no tenían la corpulencia ni el porte de los militares.
Todos iban encapuchados; inclusive sus unidades tenían cubierto el
número de la matrícula. Entonces no podías identificarlos porque iban
totalmente cubiertos. Y esas personas que se veían que eran personal
ajeno al Ejército les servían para señalar a quiénes sí y a quiénes no.
Ellos hacían algún tipo de seña sobre cómo seleccionar a las personas
que se llevarían.
—¿Estos civiles iban encapuchados?
—Iban encapuchados y entre ellos nos mencionan la presencia de una mujer.
—¿Éstos pueden ser miembros de bandas delictivas?
—Nosotros consideramos que son miembros del crimen organizado pero
que están intercalados, participando en rondines del Ejército para
inculpar a terceros inocentes.
—O a enemigos…
—Sí, o a gente que son enemigos de su grupo.
—La versión es que quienes andan tratando de entrar en esta zona son Los Caballeros Templarios. ¿Eso es cierto?
—Es una realidad. De hecho apenas hace días aparecieron una serie
de mantas desde los municipios de Acapulco hasta Atoyac, y en el
municipio de Zihuatanejo. Los Caballeros Templarios están haciendo
advertencia a los Zetas de que se abstengan de cometer muertes de
personas inocentes. Entonces aquí nosotros no sabemos exactamente cómo
está todo este manejo; lo que sí detectamos es que hay presencia de
bandas delictivas en la zona.
—¿Algunas de esas personas tienen algún tipo de trato con mandos del Ejército?
—Nosotros intuimos que hay presencia a partir de que existe
personal de estas bandas delictivas infiltradas dentro de los vehículos
militares.
Soberanis Hernández explica que, tradicionalmente, los militares
han cometido una serie de actos, como el hurto, cuando allanan
propiedades sin orden judicial. “Ellos se meten a las casas
arbitrariamente y hacen actos de pillaje. Roban desde un celular, joyas,
dinero en efectivo y enseres domésticos. Han desvalijado casas con todo
su menaje: estufa, refrigeradores, salas, comedores y camas. Las casas
las dejan totalmente vacías en las comunidades. Han hecho eso aquí mismo
dentro del pueblo San Luis”.
—¿Se sabe cuántas comunidades se han visto agraviadas por este proceder?
—Estimamos un mínimo de 12 o 16 comunidades que han tenido este problema.
—¿Cuánta es la población afectada por esta situación anómala?
—Directamente afectada tanto por los grupos delincuenciales que
pululan en la zona como por el Ejército, fácil estimamos una población
de 1 mil 200 o 1 mil 500 personas; pero indirectamente se han visto
afectadas por la inseguridad, la violencia y los abusos de poder cerca
de 30 mil que habitan la región.
En palabras de Soberanis Hernández, con auxilio de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, que preside Juan Alarcón Hernández, la
comunidad está en estos momentos en la fase de “documentar las
atrocidades cometidas por los militares”. En un conteo inicial, suman
más de 60 agravios contra civiles que van desde las intrusiones
violentas en los domicilios, amenazas, agresiones físicas, pillaje,
hurto, hasta la tortura y el homicidio.
Cita algunos de estos casos:
El 1 de enero de 2012, los militares incursionaron en la comunidad
de Santa Lucía, de donde trajeron detenido a Arnulfo Chávez Cortés, a
quien pusieron a disposición de la Procuraduría General de la República.
El detenido fue liberado al día siguiente, pero un grupo que ya lo
esperaba se lo llevó secuestrado y hasta la fecha nadie sabe de él.
En febrero, en Rancho Alegre del Llano, comunidad cercana a San
Luis La Loma, las tropas del 19 Batallón de Infantería interceptaron a
dos jóvenes, a quienes acribillaron. Uno de los jóvenes era Rubén García
Barriga, de 38 años, oriundo de Zihuatanejo. Su acompañante está en
calidad de desconocido. Ambos resultaron negativos a la prueba de
disparo de arma de fuego.
El 5 de mayo pasado, los soldados marcaron el alto a Miguel Cebrero
Soberanis, de 21 años, quien conducía un vehículo de su propiedad.
Debido al miedo que se le tiene a los militares, el joven originario de
San Luis emprendió la huida. En los momentos en que intentó saltar una
malla perimetral fue impactado por disparos de los soldados. Su pierna
quedó colgada de la malla mientras su cuerpo caía al piso. Ya tirado,
los soldados le dieron el tiro de gracia por la boca.
—Raúl Magaña es el hombre que, en mayo, fue detenido y encarcelado
en el penal de Zihuatanejo, pero quien “convenientemente” se suicidó
dentro de la cárcel luego de recibir la visita de su esposa.
También en mayo, los productores de mango Heriberto Magaña Aguilar,
de 45 años de edad, y su empleado Francisco Javier García Ojendis, de
18, fueron detenidos y torturados por los militares, quienes al día
siguiente tuvieron que soltarlos al no comprobarles ningún delito.
La peor parte de toda esta cauda de hostigamiento, represión y
asesinatos se la han llevado las comunidades rurales de la parte alta de
la Sierra. A decir de comisarios, que pidieron reservar sus
identidades, la gente ha sido expulsada de la región por una banda
armada a la que no atinan a identificar.
Según la denuncia, desde principios de año a la fecha esas
comunidades se han visto asoladas por ese grupo de desconocidos armados
que han expulsado a más de un centenar de familias de las faldas del
Filo Mayor, donde los sicarios han asesinado a no menos de una decena de
personas. Esas comunidades son Huamilito, La Palapa, Cuaulotal, El
Banco, Ojo de Agua, La Maroma, La Caparrosa, La Sombra y El Pantano.
Lo paradójico del caso es que al pedir el auxilio de la tropa, los
habitantes observaron con desencanto que en lugar de enfrentar a la
banda armada, los militares acudieron con vehículos de transporte para
llevarse el menaje de las casas: camas, estufas, salas, comedores y
hasta enseres de cocina.
En lugar de ayudar, el Ejército saqueó las casas abandonadas,
sostiene uno de los comisarios de esa región, una zona frutícola y
ganadera de las más ricas en la Costa Grande. Hasta el momento la
situación en esa zona de la sierra de Tecpan se mantiene sin cambio
alguno.
La escena del crimen
En
el caso del multihomicidio de los Granados, lo que jamás imaginaron los
militares es que, sin que se percataran, una persona atestiguó
directamente los hechos.
Felipe, a quien se le guarda la identidad por las
previsibles represalias que podría sufrir, es un civil que acostumbra
trabajar en ranchos ganaderos de la Costa Grande por temporadas. Ese
día, cuando buscaba un animal extraviado, escuchó gritos desgarradores y
detonaciones de armas de fuego. Asustado, desde lo alto de una ladera
se asomó y, en el fondo de una hondonada, observó cómo un grupo nutrido
de militares mantenían sometidos a los seis muchachos. Las víctimas eran
interrogadas y constantemente golpeadas en el cuerpo con un palo,
además de recibir más golpes en el rostro con el cañón de los fusiles de
cargo G-3.
Con quien más se ensañaron, asegura Felipe, es precisamente
con el joven parapléjico, a quien martirizaron de diferentes formas.
Después de interrogarlos, los uniformados les dispararon a corta
distancia. Los cuerpos quedaron tirados en un espacio lineal de unos 10 o
12 metros.
Situado a unos 100 metros de distancia, sobre lo alto de la ladera,
el testigo se aterrorizó y pensó que si lo veían, también a él lo
matarían, razón por la que huyó desaforadamente por el lado contrario
del cerro.
Según su testimonio, el cual ofrecerá ante el Ministerio Público
que desahoga el procedimiento penal correspondiente por la comisión de
homicidio, no hubo tal enfrentamiento. Se trató de una ejecución simple y llanamente.
Con 30 años de ejercicio profesional, experto en escena del crimen,
el médico forense Carlos González Ríos ofrece sus impresiones sobre el
caso después de visitar el escenario del crimen y observar las
fotografías del levantamiento cadavérico, que obran en la averiguación
previa GALE/SC/04/431/2012.
—Con base en lo que usted observó de las fotografías del
levantamiento cadavérico de este caso y también lo que observó en el
lugar de los hechos, ¿qué es lo que se puede concluir?
—Evidentemente hay cosas que no encajan. El sitio que revisé no es
un sitio que se preste para una confrontación armada entre dos grupos.
Es un sitio relativamente muy pequeño, es un lugar de no más de 30
metros cuadrados. Para una confrontación armada no es apropiado. Una
confrontación armada, sobre todo cuando se utilizan armas de grueso
calibre, habitualmente se produce en distancias mucho más amplias.
Luego, el especialista anota las incongruencias observadas a primera vista sobre la escena del crimen:
—La primera incongruencia es que el sitio donde aparecen los
cadáveres no es propicio para una confrontación de dos grupos armados.
La segunda incongruencia es que los cadáveres, de acuerdo con las fotos
que se ven en el expediente, son cuerpos que se encuentran muy cerca uno
del otro, como si hubieran estado formados. Estaban en hilera, no en
posición de combate, lo que desdice la versión de una supuesta
confrontación. Otra incongruencia es la posición en la que quedaron los
cadáveres de acuerdo con las fotografías. El rígor mortis no es
congruente con una persona que fallece disparando un arma. Más bien
tienen posiciones como si hubieran estado maniatados, sometidos.
La cuarta incongruencia, indica el médico, que tampoco es coherente
con una confrontación armada, es la posición en la que aparecen las
armas. “Por ejemplo, uno de los cadáveres tiene la pistola en el muslo,
sobre su pierna. Si una persona recibe un impacto de bala de un calibre
7.62, que es de alto impacto, lo más probable es que la pistola la
aviente o caiga a los lados. Sin embargo, esta pistola está en el muslo,
lo cual en términos de criminalística no es posible”.
Añade: “La quinta que yo veo es que el sitio de la confrontación no
es un sitio como para que los soldados hayan hecho un recorrido. Más
bien considero que se salieron de la ruta de vigilancia por la que
transitaban. Es un lugar muy inaccesible. Da la impresión como si
buscaran un sitio muy escondido para someter a una persona o torturarla.
No es un sitio para una confrontación, es un espacio muy pequeño para
ello. Por todo esto –abunda el galeno– concluyo que no hubo una
confrontación armada. Por tanto, los militares incurrieron en una
conducta que deberá ser esclarecida en los tribunales. Hace falta mucho
estudio pericial ahí, tomando en cuenta que el levantamiento cadavérico
por parte del personal de la Procuraduría General de Justicia de
Guerrero fue por la noche. Para un lugar de tanta vegetación, pues
lógicamente considero que la autoridad no levantó ningún indicio que
permita evidenciar cómo sucedieron los hechos.
Con rabia contenida, Azael Granados Soberanis, miembro de la
familia agraviada, concluye: “Lo que hizo este gobierno con los
Granados es una injusticia, porque ningún artículo de la ley dice que
las personas deban ser ejecutadas cuando están sometidas. Ellos
no querían enfrentarse al gobierno, el gobierno fue a buscarlos hasta su
casa. Uno de los caídos era inválido, dos de los caídos eran sus pies
de él [lo transportaban], y los otros tres eran para sus mandados, pero
no para pelear contra el gobierno. Eran para su defensa de él nada más,
pero no para pelear contra el gobierno. ¿Por qué? Porque estamos
peleando contra una gente que está atacando esta zona injustamente.
¿Sabe quiénes son esos? Son Los Caballeros Templarios los que están
haciendo todo ese daño, apoyándose en este gobierno que tenemos aquí. Y
lo digo de corazón y no me importa”.
Contralínea solicitó entrevista con la Secretaría de la
Defensa Nacional para conocer su versión y posición ante los hechos.
Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.
TEXTO RELACIONADO:
Fuente: Contralínea 305 / Octubre de 2012