En relación con la controvertida elección presidencial de hace seis años, en las que se adjudicó el triunfo a Felipe Calderón Hinojosa, quien sólo obtuvo .56% más de votos que Andrés Manuel López Obrador, el IFE determinó la destrucción de la paquetería electoral de entonces, toda vez que no existe supuestamente ya procedimiento jurídico alguno, ni dentro ni fuera del país, que impida proceder a dicha destrucción.
El artículo 302 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) ordena que una vez concluido el proceso comicial debe procederse a destruir el material electoral.
Para el caso de la elección federal de este año, que no tuvo mayores complicaciones en términos del conteo de los votos y los recuentos practicados –las quejas e impugnaciones se hicieron más bien sobre temas de equidad, transparencia en gastos e ingresos de los partidos, compra y coacción de votos–, el IFE simplemente, se dijo hoy en la sesión extraordinaria del Consejo General, está acatando lo que ordena el Cofipe.
En los respectivos lineamientos aprobados hoy, se prevé que en este mismo mes de octubre podrían destruirse los materiales electorales de los comicios de julio pasado, en tanto que los de 2006 se destruirían en noviembre próximo.
Eso fue lo que determinó hoy el IFE. Sin embargo, las representaciones de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), anunciaron –en la misma sesión– que impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los acuerdos aprobados hoy por el Consejo General del IFE.
Los representantes de esos partidos ante el IFE hicieron, en la sesión, todo lo retóricamente que les fue posible para frenar la aprobación de los acuerdos.
Inclusive días antes –el 28 de septiembre–, Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante del PRD, hizo al presidente consejero del IFE, Leonardo Valdés Zurita, una petición formal para hacer una “consulta in situ de los votos válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes y la lista nominal del proceso electoral federal 2005-2006”.
La respuesta se la dieron el martes 2 de octubre.
Prácticamente inapelable: las boletas electorales están resguardadas bajo un “régimen de especial tutela”, no son documentos públicos, y los únicos momentos, de acuerdo con la normatividad, en los que se puede tener acceso a ellos, son durante el escrutinio y el cómputo, el cómputo distrital y la apertura que, en su caso, ordene el TEPJF, mismo que resolvió desde 2007 que las boletas deben ser destruidas una vez concluido el proceso electoral.
Además, las boletas electorales, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción I del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia, son información clasificada como reservada.
En la respuesta al representante del PRD, el IFE incluye la decisión que tomó el 2 de noviembre del año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el sentido de levantar las medidas cautelares emitidas para suspender la destrucción de las boletas electorales, en tanto no se resolviera una denuncia interpuesta por Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso.
Pero, dice la respuesta, la CIDH resolvió declarar inadmisible la petición –de Proceso– y decidió levantar las medidas cautelares, con lo que en consecuencia debe procederse a la obligada destrucción de la documentación electoral –143 mil paquetes distribuidos en 32 bodegas en el país–, como establece la ley federal en la materia.
Pero en la sesión, los representantes se fueron con todo contra los consejeros, con una idea fija que reiteraron de mil formas: están abonando a la opacidad, a la falta de certeza, y están impidiendo al país saber qué fue lo que sucedió en la elección de 2006 y cuál fue su resultado verdadero.
Fiel a la retórica de su partido, el representante del MC, Ricardo Mejía Berdeja, sintetizó el tono y el contenido de quienes se opusieron, en la sesión, a la destrucción de los materiales electorales:
“En México, las instituciones electorales pretenden seguir dando pasos regresivos que sigan vulnerando nuestra maltrecha democracia, pero sobre todo, que violentan el derecho humano de los ciudadanos a conocer sus historia.
“Pareciera que a los poderes fácticos les corre prisa por destruir la historia y cancelar derechos fundamentales. Hoy, cancelar todas estas boletas electorales de dos fraudes; ayer, cancelar derechos de los trabajadores.
“1988, 2006 y 2012 son la historia de la confabulación de los poderes fácticos para impedir en gran medida el triunfo de las fuerzas progresistas. El 2006 es una herida abierta en la historia política del país”, denunció.
Y en medio de la retórica, se atrevieron a proponer cosas que causaron la risa de varios consejeros. Como esa de que se conservaran los paquetes electorales de 2006 en el Archivo General de la Nación (AGN).
Rápido alguien pidió a la Secretaría General datos para dar idea del espacio que se necesitaría para guardar mil 957 toneladas de papelería –unos 98 tráileres de 20 toneladas cada uno–, que abarcan unos 5 mil 611 metros cúbicos.
Y faltan los paquetes de 2012, que también propusieron que se conservaran.
Los consejeros electorales no le siguieron el juego retórico a los partidos de izquierda.
Inclusive, dejaron en un segundo término el costo que ha implicado conservar por seis años la paquetería electoral de 2006: a las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, unos 350 millones de pesos; al IFE, casi 77 millones.
Total, 427 millones de pesos, a razón de unos 71 millones en promedio por año.
Que ya los quisieran –se dijo en la sesión– muchos de los municipios más pobres del país, como el guerrerense Metlatónoc, que apenas ronda los 40 millones de presupuesto anual.
Pero, en fin, será el Tribunal Electoral, la máxima autoridad jurisdiccional, quien finalmente decida sobre la destrucción de los materiales electorales.
