Por primera vez un mandatario mexicano podría ser juzgado ante un tribunal penal internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La inédita petición, promovida por un grupo de abogados y respaldada por más de 20 mil ciudadanos, señala al presidente Felipe Calderón, a sus secretarios de Defensa, de Marina y de Seguridad Pública y a los líderes de los cárteles del narcotráfico como responsables de los asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos forzados y demás violaciones a los derechos humanos, cometidos en el contexto de un supuesto combate al crimen organizado. Especialistas en derecho internacional y penal consideran que el juicio es viable
Mayela Sánchez/Ruth Roque
De diciembre de 2006 a la fecha, en México se contabilizan más de 50 mil personas asesinadas; decenas de miles de heridas, torturadas o desaparecidas, alrededor de 230 mil desplazados forzosamente de sus lugares de origen; entre 30 mil y 43 mil menores de edad cooptados por el crimen organizado, además de los abusos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares, marinos y policías encubiertos. Todo, a consecuencia de la “guerra” que el gobierno mexicano emprendió contra grupos del narcotráfico desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República.
Conforme al derecho internacional humanitario, estos actos constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo que corresponde a la Corte Penal Internacional (CPI) juzgarlos y castigar a los responsables, sostiene el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros.
Por ello, el próximo 25 de noviembre se presentará una petición al fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, para que inicie una investigación sobre la situación de violencia que prevalece en México.
No se trata de una propuesta aislada, pues Sandoval Ballesteros es sólo la cara visible de un grupo de abogados que han preparado dicha solicitud, misma que es respaldada por más de 20 mil personas.
El argumento de la petición es que en México se vive un conflicto armado prolongado entre el Estado y grupos armados organizados, así como de éstos entre sí por el control territorial para el tráfico de drogas. Tal enfrentamiento ha generado sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la población civil, de parte de ambos bandos.
Por un lado, integrantes del Ejército han torturado y asesinado a civiles ajenos al conflicto, tratando de encubrir los crímenes para no castigar a los responsables. También han abusado sexualmente de mujeres durante los operativos y se han hecho comunes las ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas.
Mientras que los cárteles de la droga han hecho de la tortura y la mutilación prácticas cotidianas; en muchos casos, las víctimas han sido civiles sin vínculos con el crimen organizado.
Asimismo, han generalizado los ataques a centros de rehabilitación para adictos a las drogas y han enrolado en sus filas a millares de niños menores de 15 años (entre 30 mil y 35 mil, refiere la Red por los Derechos de la Infancia en México).
Además, la violencia originada por el conflicto ha obligado a cuando menos 230 mil personas a desplazarse de sus lugares de origen, de acuerdo con datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, con sede en Noruega.
Por ello es que la propuesta plantea que se enjuicie tanto a Felipe Calderón y sus secretarios de Defensa (Guillermo Galván Galván), Marina (Francisco Saynez Mendoza) y Seguridad Pública (Genaro García Luna), como a los líderes de los cárteles del narcotráfico, específicamente al líder visible del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera.
Desde 1998, la Corte Penal Internacional conoce y juzga los agravios considerados “más graves” y que son de trascendencia internacional: crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión.
Hasta la fecha, ningún caso de México ha llegado al tribunal internacional de justicia, ubicado en La Haya, Países Bajos. De hecho, actualmente éste sólo conoce de dos situaciones de países de América Latina (Colombia y Guatemala), pero en ninguno de ellos ha iniciado una investigación.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, fundamento jurídico de la CPI, el escudriñamiento de actos constitutivos de delitos puede iniciarse a petición de un Estado parte, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o del fiscal de la Corte.
Una vez que el fiscal conoce de la situación de un Estado, puede archivar el caso o presentar una acusación ante la Sala de Cuestiones Preliminares si considera que existe fundamento para abrir una investigación. Ésta a su vez revisa la información y, si considera que procede, autoriza el inicio de la investigación.
De aceptarse la solicitud de investigación planteada por Sandoval Ballesteros, sería la primera vez que México estaría bajo el escrutinio de una instancia internacional de carácter penal.
Aun más: si la Corte acreditara que se han cometido violaciones al derecho internacional humanitario en el país, por primera vez un mandatario mexicano sería llevado ante la justicia internacional y podría ser encarcelado de ser encontrado responsable.
Se trata, además, de la petición con mayor respaldo en la historia de la CPI. “Lo que queremos demostrar es que ésta no es una idea que surge de algunas organizaciones solamente, sino que en realidad hay una necesidad de nuestra sociedad para que se investigue el conflicto que se está viviendo en México”, puntualiza Sandoval Ballesteros, quien estima que más de 20 mil personas se han sumado a la propuesta.
Tan sólo en el portal de internet donde albergan la solicitud, http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html, 17 mil 844 personas la habían suscrito hasta el cierre de esta edición.
Calderón, responsable de crímenes
El Estatuto de Roma, suscrito por el Estado mexicano, considera crímenes de lesa humanidad el asesinato, la tortura, la violación, la desaparición forzada de personas, la encarcelación o privación “grave” de la libertad, entre otros actos, cuando se trata de ataques cometidos generalizada y sistemáticamente contra una población civil y con conocimiento de causa.
Entre los agravios considerados como crímenes de guerra, el Estatuto enlista el homicidio intencional, la tortura, los tratos crueles e inhumanos, las mutilaciones, las ejecuciones extrajudiciales y los ataques intencionalmente dirigidos contra la población civil o contra civiles que no participan directamente en las hostilidades.
Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, privar a una persona de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente, ordenar el desplazamiento de población civil por causas relacionadas con el conflicto y reclutar niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades, también constituyen crímenes de guerra.
Para la abogada Gabriela Rodríguez, docente del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, los miles de asesinatos, desapariciones y violaciones a los derechos humanos sí podrían acreditarse como delitos en el derecho internacional humanitario.
Sin embargo, la maestra en derecho internacional público por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con estudios en derecho internacional humanitario duda que se pueda comprobar que esos crímenes se cometen en forma deliberada y que son responsabilidad de personas específicas, como demanda la normativa de la CPI.
Al respecto, el doctor en derecho Daniel Márquez Gómez afirma que la “operación de control de la información” que existe en torno al tema de la violencia en México induce a pensar que, en efecto, hay un conocimiento de las autoridades de lo que está ocurriendo.
En su opinión, el “cierre informativo” que las dependencias gubernamentales han hecho en torno a un sólo discurso (que la “guerra” contra el narcotráfico era necesaria), así como el pacto entre los medios de comunicación de no cubrir los hechos relacionados con el narcotráfico muestran que hay una comprensión de las autoridades de lo que pasa en el país pero que se intenta ocultar.
Pero en términos de responsabilidad, apunta el especialista en derecho penal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estas conductas deliberadas por contener la información son suficientes para probar que hay conocimiento de parte de Calderón y de los integrantes de su gabinete sobre la situación de violencia.
El ocultamiento intencional de información al que alude Márquez Gómez se reflejaría en la falta de averiguaciones previas de los asesinatos relacionados con la delincuencia organizada, lo que impide saber si en efecto cada una de esas víctimas tenía vínculos con ésta, como asegura el gobierno federal.
El 31 de julio pasado, Contralínea dio a conocer que en los primeros cuatro años y medio de la administración calderonista, cuando los muertos supuestamente a causa de la “guerra” llegaban a alrededor de 40 mil, la Procuraduría General de la República (PGR) había abierto apenas 4.4 por ciento de averiguaciones previas. Actualmente, se estima que el número de asesinados rebasa ya los 50 mil.
Respecto al número de desapariciones forzadas en el contexto de la “guerra” tampoco hay datos precisos. De acuerdo con el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, entre 2007 y marzo pasado se habrían cometido unos 3 mil crímenes de este tipo, el triple de los ocurridos durante la Guerra Sucia (Contralínea, 7 de agosto de 2011).
Pero la cifra podría ser mayor, como este semanario documentó, en el mismo periodo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refirió que las quejas por extravío superaban los 5 mil casos. Para los defensores de derechos humanos, las posibilidades de que se tratara de desapariciones forzadas eran altas.
En lo referente al número de torturas y abusos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas tampoco hay datos oficiales que reflejen la magnitud del problema. Pero un atisbo de ello pueden darlo las 80 recomendaciones que la CNDH ha hecho a la Secretaría de la Defensa Nacional en lo que va del sexenio, así como las siete dirigidas a la Secretaría de Marina, relacionadas con crímenes y abusos cometidos en el contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico.Entre éstas se encuentra la recomendación 40/2007. De acuerdo con el expediente, el 1 de junio de 2007, en el municipio de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, elementos del Ejército, dos de ellos alcoholizados y posiblemente bajo los efectos de alguna droga, abrieron fuego contra una camioneta que circulaba por el camino.
A bordo viajaban dos mujeres y un hombre de entre 20 y 29 años, además de cinco menores de edad. Griselda Galaviz Barraza, de 27 años, y Grisel Adanay Esparza Galaviz, de tres años, murieron al instante.
Cuatro testigos del crimen intentaron trasladar a los heridos a Culiacán, pero en el camino fallecieron Gloria Alicia Esparza Parra, de 20 años, y los hermanos Juana Diosnirely y Eduin Yoniel Esparza Galaviz, de uno y seis años, respectivamente.
Por si fuera poco, las personas que llevaban a los heridos fueron interceptadas y detenidas por militares en la comunidad de Badiraguato. El argumento: que transportaban cadáveres.
El pasado 3 de noviembre, la Defensa Nacional informó que a finales de octubre había condenado a prisión a dos oficiales y una docena de elementos de tropa por esos homicidios. Los oficiales además fueron destituidos de sus cargos e inhabilitados por 10 años.
De acuerdo con el artículo 28 del Estatuto de Roma, los jefes militares son penalmente responsables por los crímenes cometidos por sus subordinados, ya sea porque no los sancionan incluso si sabían del cometido de esos agravios o porque no actúan para evitar que se realicen ni someten a los criminales a una investigación y juicio.
José Antonio Guevara Bermúdez, doctor en derechos fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y excoordinador para América Latina y el Caribe de la Coalición por la Corte Penal Internacional, considera que este fundamento demuestra la responsabilidad de Calderón.
A decir de Guevara Bermúdez, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, Felipe Calderón, está obligado a responder por los crímenes que soldados y marinos han cometido desde que él mismo autorizó su intervención para supuestamente combatir a los cárteles del narcotráfico. “Es responsable porque no ha mandado señales claras ni ha ordenado que se investigue, procese y castigue a los responsables de haber cometido los abusos”, señala el actual secretario de Vinculación con la Sociedad Civil e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Y añade que la única forma en que se podría argumentarse que no es necesaria la intervención de la Corte Penal Internacional sería demostrarlo con sentencias. La opinión del abogado toma sentido ante la reciente condena de los 14 militares: tanto el fallo como su difusión se han dado a menos de un mes de que la solicitud de investigación del caso mexicano sea llevada ante la CPI.
¿Crímenes o política de Estado?
El abogado Sandoval Ballesteros explica que los crímenes de guerra pueden acreditarse inclusive cuando no exista una declaración formal de la ofensiva, siempre que haya un enfrentamiento armado permanente entre dos bandos.
En el caso de México, se trataría de un conflicto armado de carácter no internacional, previsto en el derecho internacional como aquél que se da de forma permanente y con gran intensidad entre las Fuerzas Armadas del Estado y las de grupos disidentes o armados organizados.
Pero para el profesor W?adys?aw Czapli?ski, candidato a juez de la Corte Penal Internacional, en este caso el conflicto tiene una naturaleza distinta, pues el Estado tiene que mantener la seguridad interna.
Entrevistado tras dictar una conferencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el académico polaco considera que “es obligación del gobierno cuidar la calma y la normalidad de la vida de los ciudadanos de este país. El narcotráfico está destruyendo esta situación y creo que cualquier Estado con actividades de este tipo intervendría con todo el poder”.
Pero acorde con esta idea, Czapli?ski reconoce que el Estado sí tendría una responsabilidad por los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas.
El líder de los panistas en la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, justifica la actuación de Calderón al afirmar que ha sido “conforme a la ley; ha actuado en defensa de todos los mexicanos”.
El senador del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar y Vega, considera que la petición propuesta por Sandoval Ballesteros es “improcedente”, pues, como jefe de Estado, Calderón tiene la obligación de “procurar la tranquilidad, la seguridad pública y nacional del país”.
Por el contrario, para el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, la propuesta contiene elementos “muy serios y sólidos”. En su opinión, es una “decisión correcta” el acudir ante una instancia internacional ante el nulo interés del gobierno federal por dar una respuesta a esta situación de violencia generalizada.
Sin dar su valoración sobre la propuesta de acusar a Calderón ante la CPI por crímenes de guerra y de lesa humanidad, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Armando Ríos Píter, se refirió a la estrategia de seguridad del gobierno federal como “equivocada y carente de una visión integral de seguridad”.
Contralínea buscó conocer la postura del gobierno federal a través de las oficinas de comunicación social de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La dirección general de medios nacionales de la Presidencia, a cargo de Alejandro Caso Niebla, arguyó que Relaciones Exteriores era la instancia encargada de contestar y que la dependencia ya había dado una respuesta pública.
En efecto, el 11 de octubre pasado, la dependencia a cargo de Patricia Espinosa Cantellano emitió un comunicado en el que, a nombre del gobierno federal, “rechaza categóricamente que la política de seguridad pueda constituir un crimen internacional”.
Además de señalar que las acciones del gobierno son desplegadas “con pleno apego al estado de derecho”, la respuesta de la SRE enfatiza que el compromiso del gobierno para proteger los derechos humanos “es indeclinable”.
Mas el comunicado no habla nunca de un rechazo inexcusable del Ejecutivo federal a las violaciones cometidas por el Ejército, observa Guevara Bermúdez.
Por el contrario, la dependencia asegura que “la sociedad no es víctima de un gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las Fuerzas Armadas”.
Y en otro de sus puntos agrega que “de no haber actuado con la contundencia mostrada desde el inicio de la administración, muchas familias en diversas comunidades del país estarían a merced de los criminales”.
Al respecto, el exacadémico de la Universidad Iberoamericana puntualiza que lo que la petición pone en duda no es la obligación del Estado de combatir el crimen organizado, sino “que los medios que se eligieron están generando abusos y éstos no se están investigando”.
Estado mexicano “no quiere ni puede”
Uno de los argumentos esgrimidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores para manifestar su rechazo a la petición de investigación de la CPI es su jurisdicción. De acuerdo con este principio, se justifica la injerencia de la Corte cuando un Estado no puede o no quiere ejercer acción penal para castigar ciertos crímenes establecidos en el Estatuto de Roma.
“Ninguno de estos dos supuestos aplica al caso”, asegura la dependencia federal. Mas Sandoval Ballesteros advierte que en el marco jurídico mexicano no hay un tipo penal que prevea los crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo que la posibilidad de juzgar tales delitos es en un tribunal internacional.
A la imposibilidad jurídica, el doctor Guevara Bermúdez agrega la falta de voluntad para investigar los crímenes cometidos por autoridades e integrantes de las Fuerzas Armadas. En lo que respecta a los agravios del crimen organizado, considera que el Estado no tiene la capacidad para investigarlos y juzgarlos.
El 23 de mayo de 2010, Contralínea documentó que entre diciembre de 2006 y febrero del año pasado sólo se habían dictado 735 sentencias de última instancia por el delito de delincuencia organizada. La cifra contrasta con las más de 120 mil personas que para abril de 2010 el gobierno federal reportaba como detenidas por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Para entonces, cuando las víctimas mortales de la “guerra” rebasaban las 22 mil, la PGR reconoció (a través de diversas solicitudes de información pública) que sólo 1 mil 359 de los detenidos hasta entonces tenían vínculos comprobables con algún cártel de la droga.
Así, la falta de resultados en el ámbito judicial no cambia con la sola sentencia de los 14 militares, hecha pública el mismo día en que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, se encontraba en el país para dictar una conferencia magistral ante jueces mexicanos.
Ante los cuestionamientos de la prensa sobre la propuesta de llevar a juicio a Calderón Hinojosa, el fiscal sólo dijo que “cualquiera tiene derecho a acusar”. Sin embargo, resaltó que para que la Corte atraiga el caso debe demostrarse que una autoridad “ordenó directamente el ataque masivo o sistemático contra la población civil, y que para ello se haya conformado un grupo de mercenarios”.
Sin hacer una referencia específica a México, Moreno Ocampo resaltó que su deber es no intervenir en países donde las instituciones de gobierno y los sistemas de justicia actúan para perseguir y sancionar a los criminales. Al tiempo, recalcó que la Corte es muy cuidadosa al aceptar una investigación de crímenes de guerra o de lesa humanidad, para evitar que el tribunal penal sea usado con fines políticos.
El abogado Sandoval Ballesteros destaca la responsabilidad de Calderón respecto de los crímenes que se han cometido, pues si bien no los ordenó, tampoco ha ordenado sanciones para los responsables.
“No estamos buscando venganza ni linchamientos. Estamos buscando que un organismo internacional, imparcial e independiente, defina y ubique cuáles son las responsabilidades penales que todas estas muertes y violaciones a derechos humanos ameritan.”