México ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y contra la humanidad supuestamente perpetrados por el Gobierno del presidente Felipe Calderón, y también por capos de la droga como Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en la lucha contra el narcotráfico. La demanda viene avalada por 23.000 firmas recogidas (en su mayoría a través de internet), por un grupo de activistas, entre los que se cuentan juristas e intelectuales mexicanos que aseguran que se han registrado 50.000 muertos entre 2006 y 2010.
La Secretaría mexicana de Relaciones Exteriores ha rechazado la imputación, porque “presenta de forma equivocada la realidad nacional”. “El Estado actúa conforme a Derecho en el combate a todas las organizaciones criminales”, reza el comunicado oficial. La Corte Penal, por su parte, ha acusado recibo de la demanda. Ahora pasará a ser estudiada para ver si cabe abrir una investigación sobre los hechos.
Según el abogado mexicano Netzaí Sandoval, “pedimos que se investigue la responsabilidad de ambos bandos, el gubernamental y los narcos, porque el clima es de impunidad absoluta”. “Ni la guerra de Estados Unidos contra Afganistán ha generado tantos muertos. El Estado mexicano asume que es legítimo asesinar a criminales y utiliza al Ejército en labores policiales. Los narcotraficantes, de su lado, aprovechan los vacíos de un sistema legal que ignora los crímenes de guerra o contra la humanidad”, asegura.
El jurista, que ha depositado en persona la denuncia ante la fiscalía de la Corte, con sede en La Haya, asegura que el problema radica en las leyes mexicanas. “Para que se haga una idea, nuestra legislación solo considera secuestro una desaparición, los llamados “levantones”, cuando se pide un rescate. De lo contrario, no investiga. Los narcotraficantes, a su vez, reclutan menores para convertirlos en sicarios ante la pasividad de las autoridades”, dice.
Las 23.000 firmas que avalan la demanda la convierten en la mayor denuncia civil recibida por la Corte en su historia. La fiscalía tiene en espera otros dos casos similares, referidos a Colombia (con los asesinatos de las FARC) y Honduras (por la violencia de golpe de Estado de 2009). De ser admitidos estos a trámite, se abriría oficialmente una investigación.