Diversas organizaciones de derechos humanos del norte de la república elaboraron un alarmante informe sobre las desapariciones forzadas, especialmente en Tamaulipas: la mayoría son colectivas, de personas de alrededor de 30 años y las denuncias de estos casos son ignoradas o estigmatizadas. El hallazgo de más de cien cadáveres en fosas clandestinas en San Fernando apuntala los datos del informe y, además, dicen sus autores, es “la punta del iceberg de una realidad que debe ser atendida por organismos internacionales” porque en el país no hay experiencia ni intención de buscar a los desaparecidos.
MÉXICO, DF., 16 de abril (Proceso).- El jueves 14, familiares de ocho hombres originarios de San Diego de la Unión, Guanajuato –desaparecidos el 9 de marzo de 2010 cuando trataban de llegar a Estados Unidos vía Tamaulipas– desistieron de su intento de ir a ese estado pese a los indicios, cada vez más sólidos, de que las personas que buscan estarían entre los 145 cadáveres exhumados hasta el viernes 15 en las fosas de San Fernando.
Tras dar muestras de ADN a la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, los parientes de José Luis Banderas Hernández, Felipe de Jesús Tapia Frías, Jaime Rodríguez González, Javier García Campos, Jesús Humberto Cantero Hernández, Juan Balderas Tapia, Mauricio Rodríguez González y Miguel Balderas Pérez se convencieron de que su presencia en Matamoros “no aceleraría las investigaciones y que era preferible buscar una forma más efectiva de presionar a las autoridades”, dice a Proceso Ángeles López, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez.
Esa organización ha documentado 15 casos de desaparición forzada en Guanajuato que les fueron presentados a los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada o Involuntaria (GTDFI) de la ONU durante su visita a México el mes pasado.
López agrega: “El descubrimiento de las fosas clandestinas en Tamaulipas sacudió a las familias de los desaparecidos; tanto, que muchas que se habían reservado su dolor tuvieron que salir a poner una denuncia para que la procuraduría les hiciera las pruebas de ADN. De 27 familias que habían presentado queja formal antes de lo de Tamaulipas la cifra se disparó a 60; esto habla de la gravedad del problema”.
Muchas de las familias que no han tenido el acompañamiento de organizaciones sociales, apunta, “han sufrido en solitario y al parecer son las que se desplazaron a Tamaulipas en busca de sus seres queridos”.
En entrevista por separado, Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dice a Proceso:
“Antes de llegar al Centro muchos ya habían acudido a varios estados donde se descubría una fosa clandestina, aunque su familiar no hubiera desaparecido ahí; previamente habían ido a centros de detención, cuarteles, hospitales, psiquiátricos, morgues...
Extracto del reportaje que se publica en la edición 1798 de la revista Proceso, ya en circulación.